La medida es polémica y difícil de aprobar porque entra en las competencias de soberanía presupuestaria de los miembros del bloque europeo, pero el Ejecutivo comunitario está dispuesto a darla batalla. La Comisión Europea quiere así asegurarse de la reducción de déficits y la austeridad presupuestaria. Y, llevado al extremo, apuesta por castigar a los infractores del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) -que exige déficits públicos por debajo del 3% del PBI y deuda pública menor al 60%- suprimiendo las transferencias de los fondos de cohesión.

Los presupuestos también serían revisados por los demás ministros de Economía, que podrían hacer sugerencias a sus socios para, según la comunicación de Bruselas, que "tengan en cuenta la dimensión europea". El documento presentado ayer añade que, en los países de la zona euro, "en caso de insuficiencias indiscutibles en los proyectos presupuestarios para el siguiente año, se podrá exigir su revisión". Además del control de los presupuestos, Bruselas quiere vigilar desequilibrios macroeconómicos, establecer normas comunes para los programas de estabilidad y los presupuestos y crear un mecanismo permanente de gestión de crisis, es decir, institucionalizar el paquete financiero de 750.000 millones de euros aprobado el domingo para hacerlo permanente, poniendo los cimientos de un futuro FME.

También se acelerarían los procedimientos de sanción para quienes superen el tope del 3% de déficit público -y que hoy por hoy incumple incluso el rico Luxemburgo-. La deuda también será un criterio a tener en cuenta para establecer sanciones. Bruselas también quiere incluir un sistema de vigilancia que controle magnitudes económicas nacionales como "el déficit corriente, el desempleo, las diferencias de cohesión social, la posición de los activos netos en el extranjero, los costes laborales unitarios, los tipos efectivos de cambio, el crédito al sector privado y el precio de los activos".