Por Catalina Ruiz.

Desde Santiago (DPA)

Miles de jóvenes mantienen vivas las protestas estudiantiles más largas en la historia de Chile. Exigen reformas estructurales que mejoren el sistema educativo, soluciones ante la proliferación de centros con fines de lucro y el endeudamiento de los alumnos en la educación superior. Ahora, un año y medio después, llaman a “un nuevo estallido social”.

En Chile la educación está regulada por la Ley General de Educación (LGE), que en 2009 derogó sin cambios sustanciales a su antecesora la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) promulgada en 1990 durante la dictadura militar del fallecido Augusto Pinochet (1973-1990).

Ambas legislaciones, LGE y LOCE, establecen “la libertad de enseñanza” sin asegurar el derecho al acceso a una educación garantizada por el Estado. Chile posee la educación universitaria más cara del mundo, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con un valor anual de sus aranceles de 3.400 dólares equivalentes al 22,7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita. Una cifra superior a la de países como Estados Unidos, Inglaterra, Australia o Japón.

“Para el que tiene privilegio, el sistema educacional chileno es el mejor mundo posible. La ley se pone enteramente a disposición de los ricos” denunció el académico Fernando Atria, de la Universidad Adolfo Ibáñez, experto en el derecho social a la educación.

La “educación como derecho y no como privilegio” junto con “educación pública, gratuita y de calidad” han sido los lemas con mayor presencia en las marchas durante más de 17 meses de protestas.

Los colegios públicos chilenos son minoría en las mediciones de calidad educativa. Dentro de los cien establecimientos con mayores puntuaciones en la Prueba de Selección Universitaria (PSU) 2011 dos son públicos, mientras que de las cien instituciones con mejor rendimiento en el Sistema Nacional de Evaluación (Simce), 99 son privadas y una es pública.

El movimiento estudiantil exige cambios estructurales en el sistema educativo chileno, demandas a las que el ministro de Educación Harald Beyer ha respondido proponiendo becas para el 60% más pobre y crédito hasta el 90% de la población; y la prohibición efectiva del lucro.

Para la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), organización que agrupa a las federaciones de estudiantes universitarios, las medidas gubernamentales no son suficientes, pues las autoridades sólo han planteado “tímidas aspirinas en lugar de hacerse cargo del problema central”.

La insatisfacción estudiantil hacia el sistema educacional comenzó expresándose con tres marchas en todo Chile entre abril y mayo de 2011, llegando a su punto más álgido tras el paro nacional del 1º de junio de ese año, cuando 17 universidades se encontraban movilizadas con ocupación a sus dependencias. Paralelamente, colegios secundarios comenzaron a ser tomados por sus alumnos. Entre el 7 y el 9 de junio de 2011 las ocupaciones se quintuplicaron desde 5 a 26 para registrarse unas 600 a finales de ese mes.

Frente a este crecimiento del movimiento estudiantil, el 5 de julio de 2011 el presidente Sebastián Piñera anunció el proyecto Gran Acuerdo Nacional de la Educación, que sería financiado con los cuatro mil millones de dólares del Fondo por la Educación; junto con la creación de una Subsecretaría de Educación y una Superintendencia de Educación Superior para fiscalizar el lucro.

Los estudiantes rechazaron el anuncio y, el mes pasado, el presidente de la Fech, Gabriel Boric, declaró que se cansaron “de esperar respuestas del gobierno”. Así, iniciaron “un nuevo estallido social”, tal como declaró la vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces) Eloísa González.

Lejos de terminar, el movimiento estudiantil está retomando su lucha.