Con el correr de las horas, finalmente se definieron los primeros trazos finos de la resolución de la AFIP, que exige la Declaración Jurada Anticipada de Importación: se estudia la relación volumen de compras externas-cantidad de empleados, y la antigüedad de las empresas.

Así lo confirmaron ayer a BAE fuentes oficiales, que señalaron que la información ya fue transmitida a diversos sectores industriales. “En un marco en el que se le dio la mayor tranquilidad a la industria, hubo algunas aclaraciones. Serán estudiados muy de cerca los casos donde sea sospechosa la relación containers (o sea, volumen importado) versus trabajadores”, detallaron las fuentes.

En un ejemplo por demás gráfico, “no entrarán fácilmente los containers que haya en el puerto, si son diez y la empresa importadora tiene solamente cinco empleados, aunque los bienes que traiga sean necesarios para la industria”, relataron.

Otro de los parámetros consensuados en el Gobierno, como elemento de análisis exhaustivo a la hora de nacionalizar las mercaderías, será la antigüedad de las firmas importadoras.

“En el negocio de la importación hay de todo: las empresas que hace décadas se dedican al negocio y que son conocidas por su confiabilidad, y los oportunistas de siempre, que arman y desarman una estructura en poco tiempo, para llevarse una ganancia importante”, se explayaron en el Ejecutivo.

El estudio de cada uno de estos casos no será patrimonio de un área del Gobierno. La información pasará como mínimo por las manos del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno; de la secretaria de Comercio Exterior, Beatriz Paglieri; del titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, y de la ministra de Industria, Débora Giorgi.

De manera colateral, las fuentes gubernamentales explicaron que la revisión de los pedidos de compra servirá para combatir la subfacturación y el contrabando. “No habrá trabas paraarancelarias; quien haga las cosas bien puede dormir tranquilo”, dijeron.