Cuando desde nuestras páginas afirmamos que la fiscal de Estado Estela Zabala era una corrupta porque, entre otras transgresiones funcionales, había enviado presentes a todos los magistrados de la provincia en ocasión de conmemorar dichos funcionarios su día, ningún agente fiscal advirtió la gravedad institucional que eso representaba, quizás porque también ellos habrían recibido un obsequio de esta impresentable representante de los intereses económicos y financieros de la provincia.
Ahora no estamos en soledad, es el propio obispo de la provincia, cansado y asqueado de tanta corrupción e impunidad sale a denunciar lo mismo que nosotros veníamos advirtiendo de un tiempo a esta parte.
El Reglamento Interno de Administración de Justicia (RIAJ) dispone en su Art. 8, referido a la conducta de los funcionarios que “queda prohibido al personal aceptar dádivas, obsequios, recompensas o cualquier ventaja que le fuera ofrecida con motivo de su función. El quebrantamiento de estas normas se considerará falta grave a los efectos de la remoción del empleado”.
Quiere decir que conforme lo denunciado y ratificado en el expediente de querella que la Zabala nos iniciara, nosotros ratificamos nuestros dichos y, el magistrado que entiende en la causa, con fecha 24 de marzo del corriente año, corrió vista al agente fiscal en turno de nuestra acusación conforme a dicha denuncia y hasta la fecha nada se sabe de la misma. Al parecer no se encuentra un fiscal que investigue este gravísimo hecho, que lo único que hace es destapar una olla de lealtades corporativas y corrupción institucionalizada, que mancha y macula el prestigio de jueces honestos y probos por culpa del accionar de bandidas como la jueza Boonman que le roba las ilusiones a niños aborígenes y corruptas funcionarias que creen que desde el Estado se puede robar, delinquir y violar la ley como en un país bananero.
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