Jueves 22 de diciembre, entrevista radial en Buenos Aires. El jefe de la Unidad de Investigaciones Financieras, José Sbatella, advierte que la flamante ley antiterrorista también puede alcanzar a los medios. Vuelve a explicar que las especulaciones económicas o cambiarias que afecten la gobernabilidad serán consideradas terrorismo. Y dice: “Los que generan eso son un núcleo muy reducido que luego difunden la situación con los medios” . Y agrega, rematando el pie que le da el entrevistador respecto de esa eventual conducta de la prensa: “Eso es aterrorizar a la población”.

El hilo conductor de los dos relatos encandila por su extrema claridad: los medios quieren que nos vaya mal, los medios pueden ser acusados de terrorismo.

Las circunstancias y los contextos, aún los temas sobre los que formalmente se discurre, son apenas la cinta transportadora del pensamiento profundo: los medios que no responden al dictado gubernamental, y por extensión los periodistas que insisten en mantenerse fuera del universo monocolor del oficialismo, son el enemigo . Está escrito en la más elemental teoría de ejercicio del poder: al enemigo hay que aniquilarlo o, al menos, vencerlo quitándole la voluntad de combatir.

A los medios enemigos y a los periodistas desobedientes hay que desmembrarlos, ahogarles el sistema productivo, atacarlos personalmente, difamarlos, descalificar su oficio. Eso, si antes no funciona ninguno los dos elementos de la primera batería de choque: el convencimiento sincero sobre la justicia de la causa y las bondades del “modelo”; o la compra desembozada de voluntades a través de pautas de publicidad oficial, subsidios a cuanto emprendimiento se ofrezca, cargos públicos y contratos generosos.

La cuestión es que los medios que no comulguen ciento por ciento con el modelo y su relato, que los periodistas que intenten conservar cierto margen honorable de independencia y espíritu crítico, podrán ser considerados enemigos, eventualmente terroristas -como ya fueron considerados “destituyentes”- y en extremo perseguidos por la ley. Serán culpables, hasta que alguien demuestre lo contrario.

El disenso se acerca peligrosamente a la condición de delito.

El miedo es el insumo estratégico que alimenta la política de silenciar al que piensa diferente.

El montaje del escenario para la embestida contra los medios y los periodistas que no se inclinan ante el poder no guardó el mínimo disimulo. Fue hecho con la suficiente brutalidad como para tratar de intimidar de antemano.

La ley para que el Gobierno pueda controlar el abastecimiento del papel de diario, recurso básico que hoy no le falta a ninguna publicación en el país, fue enviada al Congreso, votada en la Cámara de Diputados, tratada en comisión esa misma noche y votada luego por el Senado, todo en menos de dos semanas.

Mientras el proyecto pasaba de una cámara parlamentaria a otra, el Gobierno pidió a la Justicia la indagatoria de directivos de Clarín y La Nación , propietarios de Papel Prensa junto al Estado. Lo que no pudo el burdo libreto intentado dos años atrás, pretendiendo que la Justicia definiera como delito de lesa humanidad la compra de esa empresa por parte de los diarios durante la dictadura, lo puede ahora una ley alcanzada gracias a las mayorías construidas con el triunfo electoral de Cristina en octubre.

El objetivo, antes y ahora, es el mismo: apretar a los medios, pretendiendo así condicionar sus contenidos .

La escalada tuvo la coordinación que sólo puede derivar de un comando político centralizado e indiscutible.

El lune s, un dictamen de Esteban Righi, el Procurador General, recomendó a la Corte Suprema disponer que se levante la medida cautelar sobre un artículo de la ley de medios que mantiene en suspenso el desmembramiento del Grupo Clarín , apuntado de hecho sobre la propiedad de la empresa distribuidora de televisión por cable Cablevisión.

El martes , un cuestionado juez de Mendoza, activado por la presentación del grupo mediático Vila-Manzano, ahora aliado del Gobierno y en plan de rapiña, dispuso la intervención de Cablevisión y su partición en cuatro compañías. El designado interventor desembarcó acompañado por un grosero despliegue de la Gendarmería, en un allanamiento destinado a amedrentar a todo aquel que entienda que la libertad de opinión es un bien de todos y no una gracia que pueda otorgar o restringir a su antojo cualquier Gobierno, como si fuese dueño del Estado e intérprete único de la Constitución.

El miércoles , a pedido del Gobierno, un juez inhibió los bienes de La Nación por 160 millones de pesos, en nombre de una deuda impositiva con la AFIP que está en debate judicial.

Ayer, jueves , el vicepresidente Amado Boudou remató la obvia carga demonizadora desde el Senado. Mientras se debatía la ley para Papel Prensa dijo que Clarín y La Nación “están haciendo un ataque feroz en contra de la libertad de acceso al papel que necesitan todos los medios y, en definitiva, en contra de la democracia” .

Por cierto, las empresas deben ajustar siempre su accionar a la ley. Y deben estar en situación de poder explicar y defender su actuación pasada y presente. Es parte de su compromiso con la sociedad. Pretender eludir ese escrutinio sería incompatible con el espíritu y las formas democráticas bajo las que los habitantes de este país hemos decidido vivir.

Aún con representaciones populares y responsabilidades sociales notoriamente diferentes, esos mismos preceptos de la democracia valen para ordenar la acción de cualquier gobierno.

Los periodistas, que nos ganamos la vida trabajando, apenas si podemos defender nuestro espacio de autonomía . La tensión con el poder está en la lógica de la profesión. La diferencia de intereses con las empresas está en la raíz de la relación laboral. Personal y profesionalmente la cuestión es mantener la decisión de informar y decir en libertad, aunque moleste .

Demasiado silencio acompañó los años más negros de la Argentina. Callarse la boca, nunca más.