La inflación actual es la evidencia concreta de problemas en el funcionamiento de la economía y afecta fundamentalmente a los segmentos de la sociedad que deben priorizarse por razones de equidad. Al mismo tiempo, el proceso inflacionario desalinea de manera gradual todo el sistema económico, agravándose a medida que se sostiene en el tiempo. De todos modos, más allá de las dificultades presentes, nuestro país tiene un enorme potencial futuro, visión que debe predominar a la hora de las decisiones empresarias.

La elevada inflación, la vulnerabilidad fiscal, dificultades sectoriales y niveles de incertidumbre innecesarios son consecuencia de la falta de un plan económico integral y reglas de juego expresas y duraderas. Así las intervenciones estatales arbitrarias, carentes de análisis consistentes a nivel sectorial, sólo dificultan el comportamiento de los precios, la inversión y el salario real.

Los acuerdos de precios son un instrumento que puede utilizarse en actividades concentradas, pero son un aporte marginal y transitorio, que debe estar enmarcado en una política antiinflacionaria global, con definiciones macroeconómicas, sectoriales, de resguardo de la competencia y fundamentalmente de estímulo a un fuerte crecimiento de la inversión. En particular, los actuales acuerdos de precios son contraproducentes, ineficientes y retroalimentan las expectativas negativas, afectando la producción, la inversión y la propia dinámica inflacionaria.

Frente al inicio del nuevo gobierno, en el año 2007, existía el desafío de consolidar y afianzar aspectos del esquema económico que habían generado niveles muy elevados de crecimiento y empleo, mejora del salario real, superávit fiscal y externo, acumulación de reservas y progreso en la distribución del ingreso. También se debían corregir y enriquecer las políticas necesarias para disminuir la inflación, crecer en valor agregado y profundizar la mejora de la distribución del ingreso. A fines del 2007 existían indicadores económicos muy positivos, pero ya se advertían señales claras de problemas que requerían decisiones en materia macroeconómica y sectorial. Esa oportunidad no se aprovechó, más allá de la existencia de medidas específicas que pueden valorarse y resguardarse, como, por ejemplo, las políticas de resguardo comercial de los sectores mano de obra intensivos, intenciones loables como evitar ajustes recesivos frente a la crisis externa o una muy favorable medida como un ingreso extendido a la niñez.

Sin embargo, es racional ser optimista hacia futuro. El potencial económico argentino quedó expresado a partir del abandono del esquema de los 90, evidenciando que el conjunto de los sectores industriales, sectores agropecuarios y el sistema financiero podían complementarse para recuperar en forma veloz niveles elevados de empleo, mejorar los salarios y generar un sendero favorable para mejorar la distribución del ingreso en nuestro país. Tenemos que enriquecer las políticas futuras en base a las experiencias de estas últimas dos décadas, evitando concepciones ortodoxas, inconsistentes, dañinas del empleo y la producción nacional o sesgos que lleven a un intervencionismo ineficiente o falta de visión integral y de largo plazo en las decisiones económicas.

Como reflexión sobre las políticas futuras existen definiciones centrales, que, aun mereciendo debatirse en profundidad, deben considerarse prioritarias para el mejor desenvolvimiento económico. Entre ellas se destacan la necesidad de planes económicos integrales y de largo plazo, preservar la estabilidad de precios, evitar experiencias del pasado en materia de atraso cambiario, preservar superávit fiscal elevado en niveles vinculados al ciclo económico (superávit menor en escenarios de contracción de la actividad nacional o internacionales), consolidar un sistema financiero prioritariamente en moneda local, tipo de cambio flotante e intervención del BCRA para acumular reservas, resguardar el saldo comercial, políticas consistentes de incentivo a la inversión agropecuaria, un Estado activo promoviendo con medidas sectoriales el valor agregado, priorizar el desendeudamiento en términos relativos, crear una banca de desarrollo cofinanciando con el conjunto del sistema privado, priorizar el resguardo y los incentivos a los sectores mano de obra intensivos y valorar el Mercosur como espacio de inserción internacional.

Las inconsistencias actuales no son tan graves ni requieren medidas tan complejas como sucediera con la salida del modelo neoliberal, pero tampoco se deben postergar o subestimar. Pero hay motivos de sobra para tener expectativas favorables y continuar invirtiendo y generando empleo en la Argentina: ante políticas adecuadas, la Argentina tiene una velocidad de crecimiento extraordinaria en el conjunto de sus sectores.