Hay hermetismo en “la familia judicial” para dar a conocer los nombres de los magistrados provinciales que presentaron un amparo en la Justicia Federal por entender que el aporte a OSEP para financiar la aplicación de la adhesión a la Ley nacional de Discapacidad viola la intangibilidad de sus haberes. Sólo uno de ellos, el camarista Rafael Escot, salió a argumentar el motivo de su negativa a que le descuenten por este ítem.

La batalla entre el Ejecutivo provincial y los jueces para que aporten a la Obra Social de Empleados Públicos es de larga data. Se profundizó durante la administración del gobernador Roberto Iglesias (UCR- 1999-2003). Los magistrados sostuvieron siempre que ellos no son empleados públicos y que son funcionarios judiciales. Pero con la adhesión que hizo la provincia a la Ley Nacional de Discapacidad, un artículo especifica que deben realizar el aporte.

Ante esto, 6 magistrados y cuatro abogados de la Procuración de la Corte se presentaron en la Justicia Federal para solicitar que no les descuenten ese ítem.

Se pudo saber el nombre de cinco de los jueces que se oponen a aportar a la OSEP. Ellos son: Rafael Escot de la Quinta Cámara en lo Criminal; Ricardo Mirábile, titular del Décimo Sexto Juzgado Civil; Maria Mercedes Herrera, del Décimo Quinto Juzgado Civil; Sofia Carolina Rivera, del Sexto Juzgado Correccional; y el Defensor Oficial Raúl Ortiz.

De la Corte son tres abogadas y un letrado los que siguieron los pasos de estos jueces, pues tienen rango de magistrado.

El planteo de todos es el mismo: el aporte por la Ley Nacional de Discapacidad viola el artículo Nº 110 de la Carta Magna sobre la intangibilidad de los haberes de los magistrados.