Son de la misma opinión. Tanto el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT), Antonio Estofán, como el gobernador, José Alperovich, consideran que es necesario modificar la Ley 7.844, que solventa los honorarios de los mediadores con un Fondo de Financiamiento integrado fundamentalmente con una partida del Presupuesto provincial.
Por separado y durante la misma jornada, Estofán manifestó a LA GACETA que estaba de acuerdo en circunscribir la financiación pública de la mediación a los supuestos de partes que califican para litigar sin gastos: "estoy conforme con que la Legislatura reforme este aspecto de la Ley 7.844, siempre y cuando se considere la situación de las personas con carta de pobreza".
Según Estofán, las partes se preocuparán más por llegar a un acuerdo prejudicial si el dinero para pagar al mediador sale de su bolsillo (o sea, aprovecharán de otra manera la obligación de someterse a la mediación). Y añadió: "el éxito de este sistema depende en gran medida de la buena voluntad de los ciudadanos".

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