El intendente Gustavo Melella, junto al Secretario de Gobierno, Paulino Rossi y el abogado Daniel Garay, a la salida de la sede del Superior Tribunal.

USHUAIA.- «Esto no es una guerra entre la provincia y los Municipios, es la defensa nuestra de la autonomía municipal».

Las palabras corresponde al intendente de Río Grande, Gustavo Melella, tras formulada la presentación ante el Superior Tribunal de Justicia, del traslado sobre la presentación que hizo la gobernadora Fabiana Ríos, con relación a una declaración de certeza sobre la coparticipación municipal.

Ríos fundamentó el planteo en un dictamen del Fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, quien entiende que el 25% del presupuesto que se asigna a Educación, se debe deducir antes de distribuir la coparticipación a las municipalidades y no después.

De prosperar el planteo del órgano contralor, los municipios tendrían una deuda con el Gobierno y, a su vez, verían reducido la masa dineraria que mes a mes reciben por la coparticipación de los recursos nacionales, los ingresos propios de la provincia y los correspondientes a explotación de hidrocarburos.

El intendente de Río Grande, consideró que de prosperar la posición de Martínez de Sucre, «el caos que van a crear a las ciudades es grandísimo, y creo que ni la justicia ni nadie quiere que pase esto».

Se calcula que serían cerca de 100 millones de pesos menos, anuales, que la Municipalidad de Río Grande se privaría de recibir, lo cual «va a impactar directamente en los trabajadores» y en los «servicios que el municipio brinda a la comunidad».

Pero más allá de lo que corresponde a los fondos públicos, Melella dijo que una decisión en contra «tiene que ver con un avasallamiento sobre las autonomías municipales».

El Intendente dijo tener confianza en que «la Justicia sea justa, falle a favor de los Municipios, porque sino verdaderamente el caos que se va a crear va a ser realmente grande a las ciudades y a las gestiones».

Dictamen fiscal previo

En la contestación del traslado que hizo el Superior Tribunal de Justicia al municipio de Río Grande, uno de los fundamentos esgrimidos se remite a un dictamen previo del Fiscal de Estado, con relación a la distribución de los recursos que se plantean en el presupuesto provincial.

El antecedente se refiere a un juicio que plantearon los municipio para que el Gobierno Provincial coparticipe el pago de deudas que efectuaron las petroleras. En ese caso, el Fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, sostuvo que primeramente debía deducirse los recursos a las municipalidades y luego el excedente que quedaba para la Provincia debía ser destinado a educación y salud.

Punto por punto

El doctor Daniel Garay, abogado del municipio, sostuvo que «nosotros hicimos la presentación contestando punto por punto cada una de las argumentaciones del Fiscal de Estado».

«Entendemos que no hay razón jurídica para hacer este planteo, sin perjuicio de ello, hay otros cuestionamientos que son de orden político que entendemos que la Justicia no debe dirimir, porque escapa a su competencia», sostuvo el letrado.

El doctor Garay dijo que en la contestación del traslado, hubo un trabajo conjunto con la asesoría letrada de la Municipalidad de Ushuaia.