¿Puede el país funcionar sin presupuesto? Es una de esas preguntas. Cualquier especialista en administración financiera dirá que la historia muestra que sí, puesto que ocurrió durante años.

De hecho, en la recuperación de la democracia argentina, no se pudo avanzar mucho en ese aspecto. Los presupuestos de un año se aprobaban al siguiente. Es decir, cuando ya estaban gastados. Por ejemplo, el presupuesto 1989 se promulgó el 28 de diciembre de ese año, justo cuando estaba terminado el ejercicio de la hiperinflación y el entonces ministro Erman González anunciaba el Plan Bonex, un canje compulsivo de los plazos fijos superiores al millón de australes por títulos públicos.

Por años, la Argentina no tuvo presupuesto y también, por la alta inflación, durante mucho tiempo casi no tuvo moneda. De manera que hay quienes piensan que en la Argentina casi todo ha sido probado.

Claro que las consecuencias del desapego a las normas saltan a la vista cuando se considera el deterioro en los indicadores socioeconómicos y la pérdida de posiciones relativas frente a países vecinos.

El costo de la falta de instituciones duraderas y confiables, la excepción como norma, son casi una marca registrada nacional, no sólo en materia económica.

Muchos creen que el resultado de ello es la preferencia por el ahorro en moneda extranjera, la resistencia a la inversión incluso en períodos de bonanza, la escasez de crédito y la casi ausencia de un verdadero mercado de capitales.

Un año sin presupuesto no es un desastre inmediato, como tomar una vez una copa demás e irse a la cama no es ser alcohólico. El problema es cuando la excepción es costumbre.