La verdad, el 1º de noviembre fue un día muy importante porque, por primera vez, una comisión de la Cámara de Diputados discutió un proyecto sobre la legalización del aborto. Más allá de que no hubo quórum, todos los legisladores presentes se manifestaron favorables en relación a la discusión sobre el tema y en relación al compromiso necesario que debe asumir el Congreso.

Las características de esta convocatoria fueron un tanto complicadas porque, en temas que confrontan posiciones y resultan tan complejos para debatir, normalmente se acuerdan mecanismos de consenso para instalarlos en la agenda. Este no fue el procedimiento que tuvo en consideración el presidente de la comisión de Legislación Penal y ésto también influyó en que no se haya podido avanzar más.

De todas maneras, desde la Campaña entendemos que ésto ha sido un fuerte impulso para el debate porque, desde el inicio de la democracia hasta ahora, se habían presentado más de setenta iniciativas con distintos alcances respecto a la temática del aborto. Ahora, por primera vez, se llega a debatir.

En veinte días terminan las sesiones ordinarias y además va a haber un recambio en la Cámara de Diputados. Más allá de este contexto, éste ha sido un antecedente fundamental porque con la nueva composición de la Cámara este tema debe ser prioritario.

RP.- Algunos legisladores a favor del aborto dijeron que, en definitiva, la decisión sobre el aborto la tendrá el ejecutivo. ¿A vos también te parece que es así?

A mí me parece que en esa posición se deben revisar algunas cosas. De lo que se tiene que hacer cargo el ejecutivo es de las políticas públicas que tienen que ver con la salud sexual reproductiva, con la implementación de la educación sexual en todos los niveles de la educación, del cumplimiento del aborto cuando es legal.

Es decir, hay un conjunto de políticas que tienen que ver con garantizar derechos sexuales y reproductivos que son competencia del ejecutivo, pero la deuda grande en torno a legislación, es del Parlamento. Los legisladores y legisladoras tienen que asumir para que este debate se incluya.

Si bien la presidenta ha manifestado que ella no está de acuerdo con el aborto por razones personales, también es cierto que el Congreso es quien debe debatirlo y que la presidenta misma dijo que no lo iba a vetar. Además, hay figuras que hoy tienen un rango importante en el ejecutivo y que han sido electas para un cargo legislativo, como el jefe de Gabinete, que dijo que favorecerá el debate.

Otra cosa que hay que tener en cuenta es que estos temas son transversales a las fuerzas políticas. Necesitamos del compromiso, de la articulación y del consenso de los distintos espacios. Necesariamente, los legisladores y legisladoras están viendo cómo la sociedad debate este tema y ellos deben responder a un problema social y de salud pública.

RP.- ¿Cuáles son las particularidades del proyecto que se está discutiendo ahora?

Lo fundamental del planteo está en el artículo 1, que plantea que el aborto debe legalizarse hasta la semana doce de gestación con el sólo pedido de la mujer. Otra cosa que se plantea es contemplar sin límite de tiempo algunas excepciones, como cuando corre riesgo la vida de la mujer o los casos de violación. Además, se asegura que ésta debe ser una práctica médica, con todos los servicios de salud pública.

Con estas cuestiones se busca garantizar que el aborto esté en el sistema de salud y que no sigamos conviviendo con esta realidad que indica que, según el sector social o el lugar de residencia, algunas mujeres tienen acceso a un aborto seguro y otras deben poner en riesgo su vida.

RP.- Por otro lado, ¿qué está pasando con el aborto no punible ya que, gracias a estos debates, se volvió a hablar de la cantidad de casos en los que los médicos no acceden a realizarlo?

En marzo, Argentina recibió una condena del Comité de Derechos Humanos en las Naciones Unidas justamente por un caso que se presentó en 2006. Se trataba de una chiquita discapacitada de la provincia de Buenos Aires que había sido abusada por su tío.

El caso llegó hasta la Corte Suprema y luego el hospital San Martín de La Plata se negó a hacerle la práctica. Finalmente, el aborto se realizó con colaboración de las organizaciones de mujeres en el circuito privado.

En este caso se pudo hacer la demanda, pero sirvió para demostrar que éste era un patrón de conducta. El sistema de salud regularmente pone obstáculos para que las mujeres puedan acceder a un aborto que es legal y que, además, hace más de noventa años está legislado.

Ahora Argentina fue condenada y debe indemnizar a la familia. Pero además, debe garantizar políticas de salud para que ésto no se repita.

Creemos que ésto es fundamental, pero la legalización del aborto será un cambio de enfoque respecto de este tema. (www.REALPOLITIK.com.ar)