Los ex jefes militares Jorge Eduardo Molina Ezcurra y Gustavo Vitón, contrariamente al resto de los imputados de este segundo juicio por delitos de lesa humanidad ocurridos en la región durante la última dictadura militar, prestaron declaración ayer ante el Tribunal Oral Federal de Neuquén, aunque evitaron responder preguntas.

En su declaración, Molina Ezcurra, quien desde enero de 1975 a diciembre de 1977 se desempeñó como responsable del Destacamento de Inteligencia 182 con asiento en esta ciudad, dejó entrever que sus responsabilidades estuvieron protegidas en el marco de la ley de Obediencia Debida, concepto según el cual los suboficiales se limitan a obedecer las órdenes emanadas de sus superiores.

Molina Ezcurra dijo que desde el 2003 "se ha creado un sistema político persecutorio contra las fuerzas de seguridad. Este proceso es una venganza instrumentada por el poder político y mal disfrazada de búsqueda de la verdad”, expresó quien en el juicio de 2008 fue condenado a 21 años de prisión.

Además no pudo evitar su malestar por afirmaciones y deducciones respecto de asuntos militares vertidas por abogados, jueces, fiscales y defensores. “Ninguno de ellos ha cursado estudios, ni siquiera son militares”, remarcó.

Durante su exposición, Molina Ezcurra reconoció que en Neuquén, como en todo el país, “hubo una zona de defensa y que no se trataba de un asunto clandestino”.

En otro tramo de su declaración señaló: “hay 1.151 condenados por delitos de lesa humanidad. Videla, soldados y policías ¿fueron capaces de manejar los centros clandestinos y hacer desaparecer a 30.000 personas?”. Y de inmediato cuestionó: “¿Dónde están los civiles y militares que a los tres meses del gobierno del general Perón pedían el golpe de Estado? ¿Dónde están los intendentes y funcionarios que juraron los estatutos del proceso militar? Ninguno rinde cuentas ante la Justicia. Nosotros somos los chivos expiatorios”.

Por último, Molina Ezcurra asumió su responsabilidad respecto "del personal civil y militar a mi cargo en el Destacamento de Inteligencia”. “Los oficiales y suboficiales cumplían órdenes, nada se les puede imputar”, subrayó.

Posteriormente declaró el mayor retirado Vitón, quien afirmó haber sido militante peronista y que rechazó el golpe de Estado de 1976. Además reivindicó su posición en contra de la Doctrina de Seguridad Nacional enarbolada por los militares y que dentró de la fuerza promovió la formación de un "ejército nacional" llamado "Los 33 Orientales".

Afirmó que "por ser peronista y no estar de acuerdo con el Proceso de Reorganización Nacional y el sentir de las fuerzas armadas" fue eliminado en 1980 cuando tenía el grado de capitán.

Viton está acusado de violaciones a los derechos humanos cuando se desempeñó como responsable militar del área operativa de la Comisaría 24 de Cipolletti. Cuestionó la acusación de haber sido parte de una asociación ilícita y señaló que desde hace cuatro años está en una celda de la cárcel de Marcos Paz, “con quienes me echaron”.

En tanto, se negaron a declarar Hilarión de la Paz Sosa, jefe de Sanidad de la Brigada de Infantería de Montaña VI, y Sergio San Martín, oficial del Destacamento de Inteligencia 182 en 1976.