Tiempo atrás, la UTE conformada por la firma Ponce Construcciones SRL-CPC UTE presentó una oferta a través de la cual se afirmaba la utilización de 64 metros cúbicos de relleno de hormigón, mientras que otras firmas aseveraban que se necesitaban más de 2000 metros para culminar las obras.

Sin embargo, la licitación fue ganada por la UTE, y luego debió asignarse el dinero extra para los trabajos emprendidos, razón por la cual el propio Tribunal de Cuentas de la Provincia observó dicha maniobra, aunque el Ejecutivo Provincial decidió formular el Decreto N° 764/10, que reconoce el pago de adicionales por dos millones de pesos a (Unión Transitoria de Empresas), para la obra y continuar la licitación con la empresa adjudicataria.

En este sentido, Silvina Frana aseveró que “resulta llamativo que en la primera etapa de una obra de semejante envergadura, y a poco tiempo de haberse comenzado los trabajos se tengan que reconocer adicionales por cifras tan elevadas, más aún si esta sospecha se encuentra ratificada por una Observación Legal del tribunal de Cuentas”.

“Pareciera existir una especie de intencionalidad para favorecer a esta empresa”, manifestó Silvina Frana en diálogo con LT9.

Por otro lado, la integrante de Compromiso por Santa Fe denunció que “esta es otra maniobra ilegal, que sigue poniendo en duda la transparencia del gobierno del Frente Progresista y se suma a otras, como la del atraso en el llamado a licitación de la Tarjeta de Ciudadanía y la concesión directa de la Autopista Santa Fe – Rosario, la compra de uniformes para la policía, por nombrar algunos ejemplos”.

Vale decir que esta denuncia se tradujo en un Pedido de Informe que la Cámara Baja aprobó en el que a instancia de los legisladores obeidistas solicitaron conocer las causas por las que el gobierno provincial firmó dicho decreto, razón por la cual solicitaron información al propio Ministro de Obras Públicas, Arq. Hugo Storero.

“Creemos necesario que el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda nos envíe el presupuesto oficial de la obra, desagregando los ítems y cuantificándolos –como también lo observa el Tribunal de Cuentas- en cumplimiento de la Ley N° 5.188 (de Obras Públicas), ya que la utilización -sin justificativo alguno- del sistema de “Ajuste Alzado” para una obra de esta envergadura, no permite efectuar comparaciones sin esta información, desconociendo cuál fue el criterio que la Comisión de Adjudicación tuvo para dar como ganador a la firma Ponce Construcciones SRL-CPC UTE”, indicaron los diputados justicialistas.