“Hay una mala interpretación”. De este modo, el subsecretario de Agricultura, Ganadería y Alimentos de Mendoza, Cristian Correa, buscó poner paños fríos a las encendidas acusaciones de parte de la Federación Agraria. Además, llamó la atención de los productores a que se organicen y cooperativicen para evitar el aprovechamiento que, de sus productos, hacen los acopiadores.

En diálogo con MDZ Online, Correa explicó que el Plan Fruta y Verdura para Todos “no es toda la política frutihortícola” provincial, sino que hay muchas herramientas puestas en funcionamiento. La legitimidad de las mismas –postuló- depende del espíritu cooperativo de los pequeños productores.

En tal sentido, dijo que este plan “no hace mella sobre los 600 millones de kilos de frutas que se cosechan anualmente en la provincia”.

“Son 35 camiones con 20 mil kilos por camión. Estamos hablando de 700 mil kilos de fruta. No es un volumen de comercialización que haga mella sobre los 600 millones de kilos de frutas que se cosechan anualmente”, clarificó.

Los paños fríos de Correa

En su afán de ser claro con el referente de la Federación Agraria local, Carlos Achetoni, Correa tomó punto por punto y fue esgrimiendo sus argumentos.

"El Fruta y Verdura para Todos no es toda la política frutihortícola"

En primer lugar, separó lo que es el programa Fruta y Verdura para Todos de los fideicomisos en tanto unidades financieras entre el Estado, el productor y el sector industrial.

Sobre el programa enfatizó que, desde su implementación –diciembre 2011-, han participado 200 productores, los cuales han vendido 35 camiones de fruta y verdura.

Negó la “desprolijidad” del mismo asegurando que tiene protocolo, decreto, que, en palabras más o menos, “está institucionalizado”.

Dijo que si es por la venta en la calle, estas están autorizadas por los organismos pertinentes, tales como el Iscamen –Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria- o el Senasa –Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria.

“Tiene todas las condiciones de inocuidad para que el municipio nos habilite”, enfatizó el funcionario.

Además, dijo que están estudiando la posibilidad de “formalizar los puntos de venta” para dejar de transitar con el camión.

“Hace falta establecer una cadena con frío en distintos puntos estratégicos que permitan una cadena de distribución”, apuntó contra el argumento de que es venta ambulante.

Si el productor recibió poco, la culpa es de las acopiadoras

Sobre los fideicomisos financieros, Correa explicó que es “otra” de las herramientas que tiene el Gobierno dentro de la política frutihortícola. Se trata de “contratos entre el Estado, el productor y los industriales que entrega créditos y ‘no’ subsidios”, aclaró.

Cristian Correa, subsecretario de Agricultura.

En el caso del damasco, el fideicomiso se implementó las dos últimas semanas de diciembre de 2012 donde –según indicó Correa- el Estado ofreció un crédito a las industrias para que compraran la fruta a los pequeños productores, que a su vez debían inscribirse a través del Mendoza Fiduciaria.

Según explicó el subsecretario las empresas se comprometieron a pagar al productor un peso más IVA –Impuesto al Valor Agregado- por kilo de damasco.

A contramano de lo que manifestó Achetoni, Correa dijo que aquel productor que no recibió lo acordado seguramente fue porque en el medio de la negociación actuaron las empresas acopiadoras.

Asimismo, dijo que desde el Estado se había previsto tal situación en tanto no es algo novedoso.

“Les propusimos a Achetoni y a otros que hicieran acopios cooperativos en lugar de ir a uno tercerizado, para defender mejor el precio de la fruta”, arremetió Correa.

"El Fruta y Verdura para todos no es toda la política frutihortícola".

El Gobierno, según explicó el político, previó formas de financiación para que productores se unan y generen cooperativas evitando así a las acopiadoras. Tales fueron los casos –dijo- de Fruderpa y La Línea, ambas negocios cooperativos de San Rafael.

Correa dijo que no tienen poder de policía contra los acopiadores y que, en todo caso, estaba la alternativa que la Federación Agraria no evaluó ni aprovechó, justamente por ser un gremio y no una cooperativa.

“Esto –sobre la fijación del precio del producto- es una cuestión privada de mercado. El Estado no genera el precio de referencia de la fruta”, aclaró.

Finalmente, sobre el fideicomiso del durazno se puso en funcionamiento recientemente y dijo que hay 6 industrias que participan (Cartellone, es una de ellas). Aquí el crédito propuesto por el Estado a los industriales es de 22 millones de pesos quienes a su vez “se comprometen a pagar 1,80 pesos por lata al productor”.

“Ese $1.80 tiene una referencia sobre el valor de la lata de $5.45, cuando el valor de venta se supera, se reparte 50% al productor y 50% para el industrial”, describió Correa.

En el fideicomiso de damasco participaron cerca de 1.200 productores, según estimó Correa; se calcula que el de durazno superará el número por el nivel de la producción.