Entre los ítems mencionados ATE exige que se disponga: 1) En un plazo mayor a 30 días corridos, se ordene que la Jefatura de personal de cada organismo realice un relevamiento de todo el personal que presta servicios en la administración pública provincial y no forma parte de la Planta Permanente. A tales efectos se debería convocar a los propios trabajadores que se encuentran prestando servicios en esas condiciones a que presenten una declaración jurada indicando sus datos personales, lugar de trabajo, funciones que cumplen, antiguedad, jornada laboral, el importe que cobra y si está incluido el salario familiar, seguro de vida, aportes previsionales y sociales.

2) En un plazo no mayor a 45 días corridos se regularice la situación de la totalidad de los trabajadores precarizados, ordenado su pase a planta permanente.

3) Dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 4067 para el ingreso a la Administración Pública, la cobertura de vacantes y la carrera administrativa.

4) Un inmediato incremento en todas las escalas salariales. Se eleve el salario mínimo garantizado y la actualización del salario familiar a los valores que se perciben a nivel nacional.

5) Dar cumplimiento a la ley 6033 de Negociación Colectiva en la Administración Publica Provincial, convocando a las Paritarias.

Como corolario, la entidad sindical que a fines de diciembre se reunió con el presidente de la Cámara de Diputados Pedro Cassani afirma en el petitorio:" A la Provincia no le queda otra opción que responder con decisiones y que de una vez por todas termine con el empleo en negro, haciendo efectivo el derecho de los trabajadores a la igualdad de trato y oportunidades. Creemos que los fondos del Programa de Desendeudamiento deben ser distribuidos entre los empleados públicos por haber sido ellos quienes pagaron los costos de todas las crisis, con bajos salarios y recibiendo haberes en bonos".