Después de la Semana Santa, el conflicto de los estatales vuelve a escena durante esta semana. Esperan una respuesta de 35% -que en forma oficiosa el gobernador Oscar Jorge adelantó la semana pasada durante el acto por Malvinas- para ratificar un plan de lucha de 72 horas. Por otro lado, los docentes vuelven a la mesa paritaria a esperar una respuesta al pedido de 19%, con aumentos escalonados.

Los gremios y los trabajadores, fortalecidos por la marcha del último paro de 48 horas, saldrán otra vez al ruedo para arrancarle al gobernador Oscar Jorge un aumento mayor al 19% que ofreció el Gobierno Provincial. Será los días martes, miércoles y jueves de esta semana que se inicia.

El mandatario, durante la semana pasada, salió a buscar respaldo político de los intendentes para afrontar un escenario “crítico”, de “ajuste” y de reclamos sectoriales, según dijeron los propios asistentes a la reunión, como el intendente de Lonquimay, Luis Rogers, y de Quemú Quemú, Rodolfo Calvo.

La movilización de hace dos semanas realimentó la protesta. Los judiciales, empleados legislativos, de Rentas, de APE, de Salud y de Casa de Gobierno en general, mostraron esta vez una capacidad de movilización que no exhibieron en las protestas de años anteriores. Incluso, esas masivas movilizaciones no tuvieron el aporte de los gremios docentes, que eligieron una estrategia diferente.

Mientras la pulseada salarial se mantenga, probablemente los gremios recojan más apoyo. La realidad económica indica que el proceso inflacionario rasguña cada mes el salario de los trabajadores. Es decir, que la vida cotidiana alimenta la protesta de los gremios y la nutre de argumentos.

El secretario general de ATE, Ricardo Araujo, dijo que el Gobierno “no abre el diálogo y nos obliga a estar en la calle”. Reprochan que no haya diálogo y que los anuncios de la pauta sean unilaterales.

Los representantes gubernamentales cerraron las negociaciones cuando los gremios rechazaron la oferta de 19% anual, repartido en tres cuotas. Si adelantaban 19% para el primer semestre y en julio se reabrían las negociaciones, los gremios hubiesen aceptado. El Gobierno ofreció 19% para el mes de octubre (8% en febrero, 6% en julio y 5% en octubre), mientras que los gremios reclaman 35% para todo el año.

Ya se pagó el aumento de 8% de febrero y marzo. Pero en abril, los trabajadores volverán a cobrar menos, lo que genera una situación que el propio oficialismo no puede sostener.

Además, el Gobierno jugará a hacerse el distraído con la protesta: no aplicará descuentos y dejará que los trabajadores fichen y salgan a la protesta. Un reclamo tan masivo no es posible de ser reprimido con argucias legalistas.

Otra situación se produce en General Pico. Allí los trabajadores fueron sancionados. La secretaria general de la Seccional Pico, María Ester Campos, denunció la situación. Esta desigualdad puede hacer estallar la situación en la ciudad norteña, donde la presencia del partido gobernante y de la maquinaria es más férrea. Campos dijo que en General Pico las manifestaciones serán diferentes a las que se desarrollarán en Santa Rosa, ya que aquí “los trabajadores estamos como más controlados”.

“Es más difícil nuestra salida para hacer una manifestación, por el hecho de salir a la calle. Ha pasado el caso de algún compañero que por ahí ha pedido permiso gremial para ir a la movilización, y se lo ha castigado con un 29, que es un artículo del código que dice que tiene inasistencia”, comentó la dirigente.

“Todo eso se va a rever ahora con los abogados porque era un día de paro, pero desde acá a veces tenemos muchos más aprietes que en Santa Rosa para manifestarnos. Por lo menos desde allá yo no lo he escuchado. Si bien allá tienen los aprietes como en todos los lugares, arriesgan más o, según el jefe, pueden salir a manifestarse”, agregó Campos.

Según la dirigente de ATE, de acuerdo a las leyes laborales, las medidas deben hacerse en el lugar de trabajo, y que la salida de los mismos dependen de la buena voluntad de los empleadores. Sólo pueden hacerlo los que tienen permisos gremiales.

“A los que somos de la Comisión Directiva o delegados se nos permite salir sin tener demasiados cuestionamientos. Igual, hemos sido perseguidos. Esto lleva a que a veces se prefiera quedarse en el lugar de trabajo con ellos y no movilizarnos”, detalló.

Paro y servicios

Por otro lado, los servicios se resienten. En Salud se detectan en forma inmediata. Pero en otros sectores como Rentas o Personas Jurídicas, las jornadas de paro se acumulan y retrasan diferentes tareas.

El Gobierno quedó atrapado por su rigidez y ahora, el solo hecho de abrir una negociación, implicaría una debilidad. Además, con el correr de los días en conflicto aumenta la agresividad, aunque sea verbal, que impide establecer el diálogo.

“El gobernador es terco”, dijo el secretario general del SITRAJ, Ceferino Riela. Una frase que pretende definir un perfil político y de personalidad del mandatario provincial. La escalada puede terminar en cruces y agravios si no hay posibilidad de diálogo.