Estatales preparan medidas de fuerza colectivas para la semana que viene

Ayer se conoció un nuevo decreto del Gobierno que extiende “por 60 días más” el análisis, antes de devolverle a los empleados públicos las categorías que fueron suspendidas. Trabajadores de la Salud, Educación y Rentas podrían concretar un paro conjunto.
El malestar generalizado en la masa de empleados públicos de la Provincia comienza a abrirle nuevos frentes de conflicto a la Administración del gobernador Ricardo Colombi.

Las promesas laborales incumplidas del Gobierno y la falta de un ámbito democrático de negociación con los representantes sindicales están provocando que los gremios estatales comiencen a coordinar estrategias de reclamos y manifestaciones conjuntas.

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Walter Zamudio, dijo ayer a “época” que existen agentes públicos de otras áreas del Estado, como “Salud, Educación, del Ministerio de Gobierno y Justicia y Rentas, que también se están queriendo sumar al paro de 72 horas que convocaron los trabajadores del SISPER” (ver recuadro).

Hace tiempo ATE y CTA vienen denunciando que “ya vencieron los plazos” por los cuales se suspendió la aplicación de las nuevas categorías que habían conseguido el año pasado. El gobernador Ricardo Colombi suspendió por un plazo de “120 días” hábiles las aplicaciones de las recategorizaciones a través del Decreto Nº175, a fines del año pasado. Pero ese periodo ya venció a mediados de julio.

Unos días atrás el ministro secretario general Carlos Vignolo aseguró ante los medios que el Gobierno ya había terminado el trabajo de “reordenamiento del Estado” y la “verificación” de los empleados que habían sido ascendidos durante la gestión anterior. También que en las próximas semanas se les iba a comunicar la devolución de las categorías suspendidas, pero sólo “a los que de verdad le corresponden o se merecen”. Pero ayer se conoció “un nuevo decreto -con fecha del 29 de julio- que prorroga por 60 días hábiles más el análisis, antes de devolver las categorías suspendidas”.

“El Ejecutivo sigue pateando los problemas para adelante, y no cumple con sus promesas. El Ministro Secretario General mintió, también el Ejecutivo, con la devolución de las recategorizaciones que nos corresponde y conseguimos el año pasado”, comentó Zamudio a este diario.

Esta novedad volvió a encender la mecha del conflicto social en Corrientes. Zamudio adelantó que la semana que viene se reunirá con otros sindicatos estatales y trabajadores de otras áreas para definir acciones de protestas conjuntas. “Hay mucha bronca contenida, y los agentes nos están pidiendo que convoquemos una medida de fuerza colectiva”, señaló.

El lunes de la semana que viene los enfermeros y demás trabajadores de la Salud concretarán una huelga por 24 horas. Continuarán los agentes del SISPER con un paro por tres días, y es muy probable que los agentes de la Dirección de Renta también hagan huelga por el mismo motivo.

Existe, además, la posibilidad de que los maestros también convoquen a nuevas jornadas de paro.

Los ex jefes de hogar que trabajaban en los CAPS y que quedaron afuera de las recontrataciones están organizando una manifestación provincial. “En Santo Tomé, porteros y enfermeros despedidos instalaron una carpa en la plaza central pidiendo sus reincorporaciones”, comentó ayer el secretario general de ATE.

Los paros, protestas y reclamos de los gremios estatales ocupan la agenda de la semana que viene.

Ahora los sindicatos estatales organizan una demostración colectiva “de la bronca y la desconfianza en la palabra oficial”, que podría ser en una marcha provincial.

Al inicio de su segunda gestión, Ricardo Colombi bajo el argumento del “reordenamiento del Estado” y el de “achicar el gasto público”, derogó las “recategorizaciones”, los “reencasillamientos” y los pases a planta permanente de unos 5.500 agentes. Los sindicatos estatales estiman, además, que el nuevo Ejecutivo ya cesanteó y despidió a unos 4.000 de trabajadores, que junto a las derogaciones de los ascensos laborales le permitió ahorrar unos cinco millones de pesos por mes y entre 50 y 60 millones de pesos durante 2010.

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