Las dos horas que demandó el encuentro no fueron suficientes para que las partes se pusieran de acuerdo. Los funcionarios se mantuvieron firmes al sostener que, de acuerdo al financiamiento obtenido desde la Nación, la provincia sólo puede otorgar un aumento del 21%, calculado sobre los conceptos remunerativos y bonificables, a pagarse en dos cuotas con los salarios de junio y agosto.
La secretaria general del gremio que nuclea a los trabajadores del Tribunal de Cuentas, Susana Ustares, sintetizó en pocas palabras la sensación que embargó a los sindicalistas al escuchar las propuesta oficial. Dijo que una vez más eran subestimados y graficó que “el contador Puente, sin documentación en la mano y con notables contradicciones, intentó vanamente justificar la posición del Gobierno de aplicar la pauta nacional únicamente sobre los concepto remunerativos y bonificables y nada dijo respecto a los puntos solicitados a través de dos petitorios: recategorización, blanqueo, reglamentación asignaciones familiares, 82 % móvil y cumplimiento de puntos de actas anteriores”.
Lo cierto es que los gremios acordaron realizar un paro de 48 horas el lunes y martes próximo, con movilización a la Casa de Gobierno.
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