En el marco de las actividades programadas en recordación del 36 aniversario del “Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia” se realizó en el Colegio de Abogados una disertación sobre “Delitos de lesa humanidad” que brindó Jorge Auat, titular de la Unidad Fiscal de Coordinación y seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos cometidos durante el terrorismo de estado en la República Argentina, junto a Lisandro Pellegrini, asesor letrado de dicha unidad y Domingo Batule, Fiscal a cargo de la Fiscalía Federal Nº 1 de Jujuy, donde se expuso la situación de Jujuy como caso emblemático, en estas causas.

En Jujuy son 158 víctimas del terrorismo de estado y 127 los desaparecidos que reclaman justicia.

El Juzgado Federal Nº 2 elevó a juicio oral diez causas acumuladas, con sólo 10 imputados.

Uno de los mayores imputados en las causas de Jujuy, Luciano Benjamín Menéndez, no estaría en condiciones de declarar.

Auat dejó de manifiesto que “los números que se registran en Jujuy a grandes rasgos es de 80 imputados, 150 hechos, donde hay causas que no hay más de diez imputados, procesados. Lo que significa solo un 10 %, la contabilidad de las causas nos preocupa”, enfatizó.

El problema que tiene Jujuy, es de trascendencia nacional, “es emblemática la cronicidad de los trámites de las causas fundamentalmente del Juzgado de Olivera Pastor. Esta no es una cuestión, que tomamos conocimiento el año pasado. Lo venimos señalando sistemáticamente hace bastante tiempo. A punto tal que cuando nació la Comisión de Inter Poderes de la Corte Suprema, fue uno de los primeros jueces que convocó la Corte para pedir explicación sobre la mora y sobre la resistencia de este juez a indagar a los imputados. Los requerimientos de la Fiscalía no tenían las respuestas que se esperaba”, sostuvo.

También destacó que la situación de Jujuy, “es de una patología que ya es crónica, rechazar los pedidos de indagatoria y ayer este juez sacó una resolución de una nueva negativa a indagar”, afirmó.

Comparación

Así también explicó que el registro de estas causas, con otras jurisdicciones, “hace que se realice una descripción de una realidad, obliga a una mirada objetiva. Hay una contabilidad clara donde se visualiza que existen trincheras de impunidad”, afirmó.

Relató que cuando comenzaron con estas causas tuvieron muchas jurisdicciones con serios problemas, diferentes casos, algunos por estrategias de investigación, otros casos de jueces que formaban parte de estructuras funcionales a las propias estrategias y jueces de sus propios pleitos. En este sentido detalló que “el 9 de diciembre eran jueces de la dictadura y el 11 de diciembre eran jueces de la democracia, situación traumática, para esa gente de hechos donde ellos pertenecían a esas estructuras.

Hoy hay un número importante de jueces y funcionarios del Poder Judicial que están señalados y en algunos casos condenados”, afirmó.

“No se puede explicar a la sociedad después de tantos años que Jujuy no tiene juicios, los días que se pierden son irreparables. Básicamente no tenemos tiempo, son causas que tienen tantos años, y de dolor y el problema es el riesgo de la impunidad biológica esto tiene que estar en las agendas de los jueces. Esas causas no admiten más dilaciones, necesitan una activación perentoria porque no tenemos más imputados.

Las unidades fiscales fueron creadas precisamente ponderando que estas causas no pueden eternizarse.

Los hechos tienen 35 años, hubo una impunidad normativa. “Pero también había un atrincheramiento en el sistema de investigaciones que no avanzaba y es ahí donde nace la necesidad de crear estas unidades. Frente al reclamo social no había respuestas. El seguimiento que realizamos nos permite señalar el déficit que tenemos, el diagnóstico lo hacemos a partir del seguimiento, con un estricto control. Si estas causas estarían bien, esta Unidad Fiscal no debería existir, por ello la Corte reconoce que hay una patología y necesita un control”.