Neuquén > “Si la pensamos en la relación de los gobiernos con la infancia, la Ley 2.302 rompe con una manera unilateral porque propone, en primer lugar, en lo judicial terminar con las medidas de encierro y las utiliza como última instancia y para que todo el esfuerzo esté focalizado en las medidas preventivas. Las medidas preventivas significan recursos humanos, el trabajo desde lo psicológico y social con la familia. Es decir, implica un esfuerzo que es diferente a ese alivio que a veces genera cuando a un problema se lo encierra. No estamos logrando aplicar la ley exactamente como ha sido pensada. En ese sentido, estamos en déficit”. Así describió Nara Osés, defensora del Niño y el Adolescente de la Defensoría Nº1 de Neuquén Capital, la actualidad de la mencionada ley de protección integral de los derechos del niño y adolescente, aprobada hace poco más de diez años en la provincia de Neuquén.

La Mañana conversó con Osés, horas antes de viajar a Villa La Angostura donde el viernes participó del Primer Foro por la Aplicación de la Ley 2.302 cuyo objetivo, entre otros, fue el de plantear a la legislatura provincial la reglamentación de los artículos que actualmente no se encuentran reglamentados a fin de su efectivización.

Desde hace algunos años, se viene intentando sin éxito la conformación de un Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia que, entre otras cosas, debe ser creado para que tenga plena vigencia la Ley 2.302.

En las localidades de la provincia existen consejos que funcionan pero tienen dificultades. Sucede que cuando se convoca a gente que viene con mucha experiencia a trabajar pretenden impactar ese conocimiento en la política pública. No son consejos burocráticos, son personas que lo hacen por vocación, no pertenecen al staff del Estado y no se sientan a discutir cuestiones a largo plazo porque trabajan por los chicos con el hoy. Los gobiernos tienen que poner en la cabeza de estos consejos personas con experiencia en esta temática y no gente entrenada políticamente.

¿Y Neuquén cuenta con gente con estas características?

Está llena de gente con experiencia en la temática de la niñez y adolescencia. Es una lástima que estas personas con ese conocimiento no estén influyendo en las políticas de Estado.

Mientras tanto se pierden posibles soluciones para los problemas vinculados con los derechos de niños y adolescentes.

Sí. Por ejemplo, en el año 2002 una de las propuestas que se analizaba era la creación de hospitales de día para niños con problemas de salud mental. Los servicios de salud mental de la provincia no han incorporado este tema. El que tiene obra social cuenta con un recurso pero quien no la tiene no puede acceder a este servicio. Es fundamental traer a la mesa de debate a la gente que trabaja con estos problemas en forma permanente y que no estén encuadrados en el Estado.

Hablar de los derechos de niños y adolescentes, implica hablar de la inclusión social, de la prevención.

En la actualidad tenemos medidas del gobierno nacional que están impactando rápidamente.

¿Por ejemplo la Asignación Universal por Hijo?

Sí. El otro día en una reunión con directores de escuelas, estos señalaban que a partir de la sanción de la asignación universal por hijo están llegando chicos a mitad de año o con sobreedad. Esa medida tiene que ser rápidamente acompañada porque ahí se tiene una familia negligente, posiblemente producto de la exclusión social, que para poder recibir esta asignación lleva al chico a la escuela. La Asignación Universal por Hijo es una excelente oportunidad que deberíamos estar discutiendo en la provincia en el sentido de que con qué acompañamos para que este chico que llega a mitad de año se sostenga en la escuela. A veces me pregunto si en las reuniones de Gabinete se plantea el problema de la infancia. O bien, de qué manera aparece en ese ámbito como un problema. Por otra parte, sería muy interesante que los gobiernos reevaluarán cómo trabajar en esa área porque hay una cuestión técnica que Desarrollo Social sostiene en toda la provincia que es muy importante.

¿Por ejemplo?

Los servicios de prevención y asistencia a la violencia familiar. Existen distintos servicios que no están en Salud pero sí en Desarrollo Social. El primer trabajo de los juzgados de familias con mayor vulneración de derechos está en Desarrollo Social. Cabe preguntarse por qué no transforman un área, la de familia, en un área técnica, donde las cosas que le pasen a un ministro, que tiene que ver con cuestiones de lo político, no afecten un área tan sensible.

¿Qué temas son los que deben dicutirse en este área?

Hablando de prevención, todo lo vinculado con las artes y el deporte para los chicos que están al borde de la exclusión o que ya están en la exclusión. Nosotros lo sabemos y lo estudiamos, que una manera de traer a los chicos que están al borde de la exclusión o que ya están excluidos o en la calle es a través de las artes y el deporte. Me parece que en esto de la Ley 2.302 hay cosas que corresponde a medidas generales pero hay otras que nos implica como adultos que somos. Tampoco se trata de que toda la cuestión de la aplicación de la ley esté vinculada con programas de gobierno.

Neuquén, no escapa a una problemática común que se da en el resto del país, la de los niños y adolescentes alojados en hogares o en instituciones de contención, situación contraria a lo establecido por la Convención por los Derechos del Niño y la ley nacional.

El caso de los chicos que permanecen institucionalizados ha sido una práctica equivocada por parte de todos los actores que trabajamos en estos temas. En general son chicos que mantienen contacto con su familia de origen, no ha desaparecido ese contacto. Entonces es muy difícil para los chicos y para los que trabajan con los chicos tomar decisiones respecto de la adopción por parte de otras familias. Lo que viene sucediendo o lo que empieza a haber es una mayor conciencia en la comunidad de que puede haber adopciones simples. Porque puede ser que haya chicos que se integren a una nueva familia, pero que sostengan algún tipo de contacto con los padres biológicos porque los tienen. Lo que estamos tratando de pensar desde Acción Social, desde la Defensoría y desde los Juzgados es de qué manera acortamos este tiempo o le vamos poniendo límite a la familia de origen para hacer cambios y que si no aparecen esos cambios los chicos vayan para el camino de la adopción. Por lo general, tenemos la fantasía de que los chicos institucionalizados quieren ser adoptados por otras familias, y muchas veces los mismos chicos son los que no quieren ser adoptados por otra familia. Es un tema que, como se puede observar, tiene un montón de matices.

A diez años de la aprobación de la Ley 2.302, ¿en qué puntos le parece que se debe trabajar en lo inmediato?

Creo que se debe pensar invertir recurso humano en los programas de libertad asistida y los programas penales. La Ley 2.302 propone no al encierro pero no propone no al tratamiento de los menores que cometen delito. El único programa que existe es el de libertad asistida que se aplica para después de un determinado tiempo que el chico está sujeto a proceso penal. Que no esté preso no significa que no hay que trabajar con quien comete el delito y con su familia. El otro gran tema es el delito de abuso sexual. Necesitamos trabajar con los menores de edad que comienzan a ser denunciados como autores de delitos de abuso sexual, que no es violación.