Tras la erradicación y relocalización de más de 10 mil puestos ilegales ubicados sobre el Camino de la Ribera, en lo que se conoce como la feria La Saladita, el intendente de Lomas, Martín Insaurralde, detalló el proceso de gestación y cómo se llevó adelante el megaoperativo que involucró a más de 2 mil trabajadores.

En una entrevista a la radio local Lomas Hi Fi, en la 94.7, Martín analizó los resultados de la iniciativa que se inscribe dentro del Plan de Saneamiento de la Cuenca Matanza- Riachuelo dispuesto por ACUMAR , y en el marco de la causa que lleva adelante del juez federal de Quilmes Luis Armella.

El Intendente destacó la importancia de la presencia del Estado y remarcó que se haya resuelto la problemática por la vía de la “gestión e inclusión”.

–¿Cómo se planificó el megaoperativo realizado en La Saladita?

–La primera decisión la tomó la Justicia mediante el fallo de la causa Matanza-Riachuelo. Se trató de un trabajo silencioso que duró dos años. En ese período, realizamos un trabajo en conjunto con Nación y Provincia, que permitió que más del 70 % de los puesteros firmaran un convenio en el que se acordó la erradicación. Gracias a todo un trabajo previo que lleva mucho tiempo es que desde el Municipio pudimos concretar con tanto éxito el enorme operativo del lunes.

–¿Por qué era necesaria la relocalización de los puesteros?

–La gente estaba ocupando una zona de forma ilegal y tenía un trabajo insalubre, estando a la vera del Riachuelo. Recorro permanentemente el área y era un espacio en el que el Estado estaba ausente.

Resolvimos un conflicto social de casi 15 años, que beneficiará a quienes trabajaban en la denominada Saladita y también a los vecinos del lugar.

–¿En qué favorecerá este procedimiento a los vecinos de la zona?

–La gente no podía desplazarse por el barrio, tomar un colectivo, pedir una ambulancia, ni mandar a sus hijos al colegio con comodidad en los cuatro días por semana en los que funcionaba la feria. Era inaceptable que siguieran sin una respuesta firme a sus justos reclamos.

Entendemos las diversas necesidades que surgen alrededor de la feria, y le estamos dando una respuesta rápida a cada uno de los sectores. El Estado no podía hacer oídos sordos a un pueblo que pide accesos de calidad y recuperar una arteria principal que había sido ilegalmente ocupada.

–¿Qué pasará con las personas que fueron desalojadas?

–Nadie se quedará sin trabajo. Ahora pasarán a desempeñar sus tareas legalmente y resguardados a través de una gestión que también tuvo en cuenta la inclusión. De manera transitoria serán trasladados al predio de la Feria Urkupiña del complejo La Salada; así la fuente de trabajo de 6 mil familias no correrá peligro.

Nos manejaremos de esta forma hasta que se determine el espacio definitivo en donde se organizará una nueva feria, que será financiada por Nación y que tendrá cinco naves techadas. Prevemos terminar la obra en ocho meses.

–¿Fue un operativo pacífico?

–La aplicación de la medida estuvo absolutamente acordada y fue en términos de mutuo respeto y entendimiento. Tampoco pusieron resistencia los que pertenecen a ese 30 % de personas que no estaban del todo conformes.

Es importante destacar que ese porcentaje se trata de los dueños de muchos puestos que se rehusaban a aceptar nuestra propuesta porque no quieren perder dinero, ya que piensan que pueden obtener más ganancias en la ilegalidad.

–Además, se realizará una obra de transformación estructural de la Ribera. ¿En qué consistirá?

–Estamos siguiendo los dictámenes del juez Armella y, en base a ello, haremos una obra principal que consistirá en la pavimentación desde Camino Negro hasta Ruta 4.

En total serán unos 2.600 metros lineales. Esto mejorará aún más los accesos y será una vía muy útil para los lomenses y también para la gente de los distritos vecinos, que vienen a Lomas o pasan por acá para ir hacia Capital Federal.