El secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Tierra de Fuego, Luis Alberto Sosa, desmintió que el paro del jueves pasado estuviera motivado en un rechazo al decreto presidencial que quitó beneficios impositivos a las petroleras.
Sosa recordó que «hace más de quince días que veníamos en asamblea permanente en todos los yacimientos de la provincia y las empresas ya estaban en conocimiento que evaluábamos una medida de fuerza que pronto la íbamos a realizar, a raíz de no tener respuesta alguna con el pago del bono local, de 1.948 pesos, que tenía alcance hasta fines de abril».
«Ante la situación que se vencía el plazo, los compañeros delegados y comisión directiva adoptaron la decisión de hacer las asambleas. El malestar de los trabajadores es lógico, porque estamos en mayo y queremos que se defina el pago del bono. Nuestra idea siempre ha sido que se solicitara a las empresas que a esos 1.948 se aplicaran el 23% de aumento retroactivo a enero de este año. Los compañeros trabajadores acercaron una nota, sobre las medidas de fuerza a llevar adelante. Así es que el jueves 17 llevamos adelante una medida de fuerza, ante la falta de respuesta».
Sosa sostuvo que los empresarios «no quieren pagar más el bono. Pero nosotros decimos que es un derecho adquirido que tienen los trabajadores. De hecho lo vamos a seguir insistiendo».
¿Se quiso hacer ver que el paro fue en contra del decreto presidencial?
«Hay mucha gente que ha opinado sobre este tema, del decreto 751, donde nos querían hacer responsables de estar en contra de la decisión de la Presidenta. Al contrario, nosotros no estamos en contra. Creo que es hora que todas las operadoras de Tierra del Fuego tengan ese gravamen, porque a decir verdad hace más de treinta o cuarenta años que las empresas que están en la provincia no han hecho un aporte al tesoro nacional».
«Ahora, las operadoras, porque les tocaron el bolsillo, se enojaron y se enojan con nosotros, dicen que no tienen plata y es todo lo contrario. Las cuatro operadoras que están en la provincia tienen yacimientos en distintos lugares del país, entonces no pueden decir que están perdiendo plata. Si hubieran perdido plata por qué no se van», sostuvo el titular del Sindicato de Petróleo y Gas Privado.
«Nuestra organización y los trabajadores no estamos en contra del decreto de la Presidenta. Se han dicho muchas cosas, que el sindicato estaba actuando en contra de esa decisión».
Sin consulta alguna
Luis Alberto Sosa lamentó que «ningún funcionario de la provincia llamó, no sólo al secretario general sino a ningún integrante de la comisión directiva para saber qué opinábamos. Sí tuvieron el coraje de involucrarnos, de hablar o decir que estábamos en contra de lo que hizo la Presidenta».
El gremialista puso como ejemplo el caso del vicegobernador Roberto Crocianelli, quien «salió a hablar que el paro que decretamos era consecuencia del decreto de la Presidenta. No sabe ni donde está parado. Así, como es interventor de YPF en la provincia, no tiene la mínima idea de lo que es un yacimiento, porque yo ni ningún delegado lo hemos visto caminar por los yacimientos, ni siquiera en las campañas políticas».
Sosa criticó a los funcionarios de Gobierno que le hicieron decir a la gobernadora Fabiana Ríos inexactitudes sobre el efecto que tendrá el decreto 751 en las arcas provinciales. «Estaba tan preocupada porque no iba a ingresar dinero, que iban a bajar la coparticipación, nada que ver. Los funcionarios deben asesorar bien a la Gobernadora y no hablar sin tener un acabado conocimiento».
No han hecho nada
Luis Alberto Sosa dijo que «todas las empresas operadoras, hace más de 30 años que no han hecho nada. Total Austral ni siquiera ha hecho una escuela. La oficina que tiene en Perito y Belgrano ni siquiera es de ellos, es alquilada. Apache tampoco tiene una oficina, ni siquiera alquilada, como para que los comercios o la gente pueda acudir para facturar o dejar notas. Prefieren pagar un remise que se encarga de retirar las notas de una casilla de correo».
«Los pedidos de las escuelas a las petroleras, por alguna colaboración, lo hacen a través de nosotros, porque les es imposible acudir hasta el campo, donde están los yacimientos».
Las empresas «se merecen que les sigan metiendo más mano al bolsillo de los empresarios petroleros, porque se la llevan toda y no dejan nada en la provincia».
«Total Austral es racista porque no quiere a los fueguinos. La comisión directiva vive peleando con la empresa para que tomen a hijos de fueguinos y nosotros también hacemos lo mismo. Tratamos de ubicar a la gente joven en distintas empresas, pero ellos no los quieren», sostuvo Luis Alberto Sosa.
Retomar el paro
En relación al reclamo por el bono de 1.948 pesos, el secretario general de los petroleros privados, dijo que «una vez terminada la conciliación obligatoria, que durará seguramente veinte días, estarán sobreavisados los señores empresarios que si no tenemos una respuesta con el pedido que hicimos vamos a retomar la medida de fuerza y lo vamos a comunicar al Ministerio de Trabajo de la Nación».



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