El funcionario explicó que el Estado provincial “tiene derecho a emplear o no a quienes se les venció el contrato” y agregó que “acá no se rescinde un contrato, sino que la relación laboral terminó”.

“La gestión anterior firmó los contratos y se terminaron. El Estado como cualquier empleador tiene derecho a volver a contratar a quienes considere que debe hacerlo”, reiteró el ministro.

Manifestó también que se vive “una situación confusa” respecto a la situación del área porque “este Gobierno ha dicho que se fortalecerán los sectores de Promoción Familiar que están abandonados y se pondrá más recurso”.

“El conflicto, en realidad, es con las áreas de acción política desde donde en varias ciudades se ha hecho política partidaria y la gente en las urnas se ha manifestado claramente en contra de este manejo de los recursos”, aclaró el ministro.

Vallaza señaló que “esta gente, en su mayoría, perdió las elecciones, son contratos políticos y tienen que reconocer que se deben volver a sus casas”.

En este marco, el ministro reconoció que Roca “es un lugar neurálgico porque el gobierno anterior, con fondos del Estado, puso recursos para partidariamente sacarle votos a Carlos Soria. Esto es algo que nosotros rechazamos y adelantamos que no vamos a hacer”.

Por otra parte, el titular de Desarrollo Social indicó que “hay líderes sindicales que están emparentados con los funcionarios de la gestión anterior”, y remarcó que la protesta se encabezada “por una minoría que quiere que los contratemos con métodos patoteriles que no vamos a aceptar de ninguna manera”.

“Estamos dispuestos a conversar con quien sea para explicar las razones por las que volvemos o no a contratar a los agentes, pero no vamos a aceptar que se quieran forzar las decisiones de esta forma”, dijo luego.

Vallaza ratificó que el programa Comer en Familia “no existe más” y añadió: “Así como cesamos los contratos con los grandes proveedores de las licitaciones en las que se gastaban millones de pesos en comida que no sabíamos a donde iba a parar, también rescindimos los contratos laborales con la gente que distribuía la comida en los barrios con las boletas partidarias, lo que se conoce comúnmente como puntero político”.

“Hemos analizado caso por caso y a algunos les vamos a renovar el contrato porque los necesitamos”, finalizó el ministro.