El proceso fue objetado por los diputados de la Coalición Cívica Juan Carlos Morán y Fernanda Reyes, que denunciaron sobreprecios ante el juzgado federal Nº4, de Ariel Lijo. Este martes los legisladores tienen que ratificar ante el magistrado lo que presentaron.

La razón por la cual estas empresas ganaron la licitación es porque ofertaron mayor porcentaje de financiamiento privado que sus competidores. El pliego calificaba con más puntaje a quien pusiera más dinero de su bolsillo y no al que la hiciera por el precio más bajo. Y fue la Unión Transitoria de Empresas (UTE), que integran Electroingeniería y CPC, la que propuso desembolsar un 66 por ciento con la toma de créditos, pasando por encima a sus rivales, que ofrecieron entre el 27% y el 37%, pero propusieron un precio 300 millones de dólares inferior. De acuerdo con el contrato de preadjudicación, al que tuvo acceso PERFIL en exclusiva, ese porcentaje de financiamiento más que privado es público. La propuesta de la UTE fue sacar tres créditos: uno del Banco de Córdoba, otro del Banco Macro, y otro del BNDS brasileño. En los tres casos, quien aparece como garante de los créditos es el Estado, incluso comprometiendo “recursos de coparticipación federal” o “creando un nuevo cargo impositivo”. Es decir que si el concesionario no cumpliera con el pago de los mil millones de dólares que le prestan los bancos, la obra sería pagada por todos los argentinos.

Pero hay más. En el anexo A del expediente, aparece como tomador del crédito en el caso del BNDS brasileño el Estado nacional y en los otros dos el “Estado Nacional/Fideicomiso a constituirse”. Cuando la UTE fue consultada por PERFIL por esta estructura financiera, desde la empresa admitieron que el garante es el Estado. “Ocurre así en todas las obras”, se justificaron. Pero negaron que el tomador del crédito también sea el Gobierno. “El préstamo lo sacamos nosotros. El Estado no va a tener que poner ni un peso”, indicó Eduardo Moreno, de CPC. La excusa ante la evidencia fue que en la carta de intención se puso que el tomador del crédito sería el Estado, pero aclararon que “eso nunca va a suceder. El dinero lo vamos a tomar nosotros”.

Datos. El detalle del anexo A sostiene que para el financiamiento se solicitará al Bndes brasileño un préstamo por la suma de 729 millones de dólares, otro del Banco de Córdoba por 300 millones de dólares y otro del Banco Macro de 150 millones de dólares. Para el caso del Banco de Córdoba, en el ítem c) del anexo A, figura que la garantía del crédito exigida por el otorgante será “la aplicación del pago por parte del Estado nacional de la recaudación diaria o de un cargo específico a crearse”. En el caso del Banco Macro, la recuperación de la inversión se producirá con la compra de energía por parte de Cammesa –algo totalmente lógico– y con la “cesión de recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos y otras garantías del Estado nacional a determinar”.

¿Financiación de la Anses? El diputado Juan Carlos Morán le mostró a PERFIL documentación que grafica que hace la Anses con los 11 mil millones de pesos que tiene de liquidez. La entidad que conduce Diego Bossio mete ese dinero en depósitos a plazo fijo. El más beneficiado, desde la disolución de las AFJP, es el Banco Macro, que concentra el 16 por ciento del total de los depósitos.

“La sospecha que tenemos es que la Anses mete la liquidez a determinados bancos con el compromiso de que las entidades les presten dinero a las empresas amigas del Gobierno, que no tienen espalda financiera. Creemos que es lo que sucedió en este caso con Chihuido”, indicó a este diario el legislador.