El Estado intenta eludir el pago de $ 32 millones a policías retirados

Los policías retirados iniciaron desde el viernes último una marcha hacia la Plaza 9 de Julio en reclamo del pago de deudas reconocidas por el Estado Provincial. La protesta se repetirá en lo sucesivo todos los viernes,
No obstante haber logrado una sentencia judicial para que se proceda a la cancelación de esos recursos que suman un total de 36 millones de pesos y que favorecen a 200 ex efectivos de seguridad, en los que se incluyen quienes se desempeñaron en el Servicio Penitenciario Provincial, el Gobierno interpuso una medida cautelar.

En consecuencia el fiscal de la Corte de Justicia se pronunció que no se podía pagar esos montos adeudados porque no existen pruebas al respecto.

La abogada Sandra Monge de Nasser, letrada de los ex policías explicó a Nuevo Diario que "el juez de Primera Instancia de 11 Nominación, Juan Cabral Duva, dio un fallo favorable en mayo pasado. Ahora se pretende "chicanear" el expediente en la Corte de Justicia".

Lo que dictaminó el fiscal de la Corte que no se puede pagar porque no hay pruebas, es absurdo, consideró Nasser. "Un juez no firmaría sin prueba un fallo. Y si el expediente llegó a la Corte es porque tiene pruebas", aclaró.

La abogada molesta por lo ocurrido decidió hacer pública la situación, en tanto los policías retirados resolvieron iniciar la protesta la que ocurrió el pasado viernes y se repetirá todos los viernes a partir de las 10, hasta lograr una respuesta positiva.

Deudas de 1980 a 1995

La deuda fue contraída por el Estado atento a que desde 1980 y hasta 1995, se hicieron descuentos de un 18% de los salarios de los policías y penitenciarios.

Y fue durante el gobierno de Juan Carlos Romero que se consolidó la deuda.

Ahora con el fallo favorable se espera que las autoridades procedan a la cancelación de esos montos. Se consignó que no es que quieran cobrar todo en un solo pago, todo está sujeto a la negociación que se concrete entre las partes. Lo que preocupa es la edad de los policías y penitenciarios retirados, quienes afrontan situaciones de salud adversas y ese dinero sería de utilidad para tratamientos y asimismo para un mayor bienestar familiar, afirmó Nasser.

El intento de no afrontar el pago de esa deuda o de prolongar su cancelación, obedece a la situación económica de la Provincia. Un antecedente previo fue el de Vanina Alderete, que no puede cobrar la indemnización del Estado que dispuso la Justicia.

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