En el marco del tira y afloje entre el Gobierno provincial y los gremios en torno a los reclamos de incrementos salariales para 2012, el nivel de recursos que el Estado fueguino destina al pago de los haberes de sus agentes vuelve a estar bajo la lupa.

Un informe de la consultora del ex ministro de Economía Martín Lousteau, publicado por el matutino porteño La Nación, sostiene que el 63% del gasto total de la Provincia se destina a salarios, la cifra más alta a nivel país.

Cabe recordar que a fines del año pasado, con una inflación acumulada superior al 30%, el ministro de Economía, Christian Ruiz, había advertido que el Gobierno no estaba en condiciones de otorgar incrementos que pusieran en riesgo el equilibrio de las finanzas, teniendo en cuenta que más del 90% del Presupuesto se destina al pago de salarios. No por nada el Gobierno había presupuestado para este año un aumento general para todos los sectores del 10%.

Según la consultora Labor, Capital and Growth, del ex funcionario kirchnerista, el gasto salarial de la mayoría de las provincias supera el 50%.

En ese marco, Tierra del Fuego está al frente con el 63% de Tierra del Fuego, en tanto distritos como la provincia de Buenos Aires y Santa Fe se acercan a un 60%.

La consultora advierte que en este contexto todos los ministros de Economía están pendientes de la paritaria docente nacional, en la que “el Gobierno pretende imponer 18% y los gremios replican con un pedido del 25 %. En medio del forcejeo, asoma el riesgo de un conflicto y la demora en el comienzo de las clases”.

En esa línea, el incremento a los maestros es un caso testigo porque puede desparramarse al resto del sector público: desde la administración y la policía hasta los empleados de la sanidad y los municipales.

Además, se advierte que el año ya viene acompañado por una desaceleración de la actividad económica que tiende a acentuarse, y las provincias la sufrirán por partida doble.

Por un lado, porque se resentiría la recaudación de IVA y Ganancias, dos piezas centrales de la coparticipación tributaria. También pegaría en Ingresos Brutos, de lejos la mayor fuente de recursos propios. Paradójicamente, las ayudaría, a ellas y a la Nación, que el viento inflacionario no amainara, pues alimenta a los tres gravámenes.

El panorama adverso, manifestó el relevamiento, llevó a que “a su manera, algunos gobernadores han copiado el ajuste del gobierno central. Buenos Aires, la Ciudad Autónoma, Córdoba y Mendoza, entre otras, subieron la presión impositiva. Pero no alcanzará: están en trámite nuevas colocaciones de deuda y habrá, seguro, demoras en los pagos a proveedores”.

En este escenario podrían jugar un papel relevante las llamadas transferencias discrecionales, administradas al gusto de la Rosada: a unos sí y a veces mucho, a otros poco o casi nada.

El resultado del sistema emerge nítido en el trabajo de LCG. En fondos por habitante, durante la era kirchnerista Santa Cruz recibió el doble de La Rioja, la provincia que le sigue en el ranking, 15 veces más que Buenos Aires y 40 que la Ciudad Autónoma. Seguirá presente, aunque muy acotado por el desequilibrio de las cuentas nacionales.

Con mucha caja disponible y en paralelo con el modelo centralizado, este manejo de la plata del Estado creció considerablemente en tiempos del kirchnerismo.

Sin embargo, es nada comparado con los recursos que las provincias cedieron a la ANSeS o perdieron por la muy desigual distribución del impuesto al cheque. Desde 2003, la cuenta de la consultora arroja US$ 73.000 millones para la Nación contra US$ 35.000 millones de todas las provincias.

Para Lousteau, la relación despareja fue reforzada en estos años de gestión K. Y no será ahora cuando el poder político acepte avanzar hacia un reparto más equitativo, justo en momentos en que también le tocan las vacas flacas.