La inseguridad no es una sensación, sino una certeza. Los familiares de las víctimas piden Justicia y se la piden al Estado, que para eso está. Cuando el Estado es incapaz de prevenir los crímenes y los accidentes de tránsito, hay inseguridad. Cuando los delincuentes no son castigados, hay impunidad.
No todos los casos pueden ser esclarecidos, pero las familias exigen que para todos los homicidios se afecte la misma cantidad de policías y que se pongan a disposición del juez igual cantidad de recursos. Y que el Gobierno se involucre como lo hizo en el caso del asesinato de las dos chicas francesas.
Ese, y no otro, es el sentido de la movilización de anoche.
Una investigación periodística de El Tribuno evidenció que en Salta, como en todo el país, la inseguridad genera la mayor preocupación colectiva.
El caso de las dos jóvenes francesas deja entrever falencias en las medidas de prevención que deben observarse para proteger a los turistas. El hecho de que entre los imputados haya personas que se desempeñan como guardabosques o como guías de turismo, desnuda una negligencia.
La total falta de explicaciones por las muertes del comerciante Juan Carlos Hannawy, en pleno centro de Salta capital, y de la joven Cintia Fernández, en Parque La Vega, así como la confusión que rodea el homicidio del profesor Diego Esper son sólo casos superlativos de la fragilidad del sistema. De un sistema que, para peor, hoy deja entrever la existencia de carteles del narcotráfico en las fuerzas de seguridad.
Para la muerte no hay consuelo; para la injusticia, tampoco.
Las muertes en accidentes de tránsito son evitables. Todo depende de la cultura de los conductores, que se logra a través de una normativa muy severa.
El Estado está en deuda con la ciudadanía. La inseguridad y la impunidad generan cuestionamientos a los jueces, pero la responsabilidad es compartida. Hoy, el éxito de un juez permite vislumbrar que existen factores decisivos que dependen de otros poderes. Los jueces aplican las leyes que sanciona el parlamento, mientras que el Poder Ejecutivo está obligado a garantizar la prevención de los crímenes.
Si los gobernantes se concentran en la tarea de gobernar y dejan de utilizar al Estado para sus propios devaneos políticos, habrá menos muertes y más seguridad.
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