La modificación a la Ley 7.844 obtuvo ayer dictamen favorable en comisión de Legislación General y será aprobada el viernes en sesión. La enmienda que impulsa el alperovichismo elimina la exención de pago del bono profesional y del aporte previsional.
La mediación obligatoria previa a la iniciación de los juicios vigente para el fuero civil desde el 2 de mayo del año pasado será financiada por las partes, principales interesadas (en principio) en que el asunto se arregle sin pasar por un proceso judicial de duración incierta. Este es el criterio de la comisión de Legislación General de la Legislatura, que ayer dio dictamen favorable a un proyecto para reformar nuevamente la Ley 7.844 (consagra la aplicación compulsiva de este método alternativo de resolución de conflictos).
Tras oír las razones y recibir las peticiones del Colegio de Abogados de la Capital, de la Caja de Previsión y Seguridad Social para Abogados y Procuradores de Tucumán, y del Círculo de Mediadores Judiciales (asociación civil con personería jurídica en trámite), la comisión decidió incorporar algunas de las cuestiones sugeridas y matizar levemente el cambio en el régimen de los honorarios de los letrados mediadores, asunto de mayor calado de la propuesta de enmienda a la Ley 7.844.
A diferencia de dicha norma, que dispone que, haya o no arreglo, el estipendio será costeado por el Fondo de Financiamiento (masa de recursos integrada por una asignación del presupuesto del Estado provincial, entre otras fuentes de ingresos), el proyecto de ley coloca esta obligación en cabeza de los ciudadanos que recurren a la mediación, con excepción de las partes asistidas por el Ministerio Público Pupilar; los consultorios jurídicos gratuitos de los colegios de abogados de la Capital y del Sur, y el servicio que brindan las prácticas tribunalicias de la Universidad Nacional de Tucumán y de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (en este grupo podría ser incluida la Universidad San Pablo-T).
Esa iniciativa también prevé que el Fondo de Financiamiento sufrague el honorario mínimo (equivalente al precio de una consulta escrita sugerido por los colegios de abogados de la Capital y del Sur -$ 1.500 a partir de hoy-) cuando, aposteriori de la primera audiencia, fallezca una de las partes. Si la mediación se frustra por causas no imputables al mediador antes de la primera audiencia, el Fondo sólo reconocerá el 20% del honorario mínimo, suma que procura "cubrir" al menos los gastos de mantenimiento de la infraestructura que la normativa exige al mediador.
Grito en el cielo
Pese a las concesiones, la solución descrita en la reunión de la comisión que preside la legisladora alperovichista Carolina Vargas Aignasse esencialmente recepta la renuencia del Estado a permanecer como principal y único sostén de un sistema que, según fuentes oficialistas, el año pasado le irrogó un gasto -o una inversión- de $ 4,5 millones (el presupuesto de 2012 asignó a este rubro una partida de $ 2,6 millones anuales).
Ese monto no parece malgastado en función de las últimas estadísticas que presentó el Centro de Mediación Judicial -CMJ-, que exponen la evolución favorable del mecanismo: según Claudia Edith Montoya, directora de esta oficina de los Tribunales provinciales, en diciembre pasado concluyeron con acuerdo el 54% de los casos, mientras que el promedio de 2011 fue del 41% para la capital y del 49% para el sur (en agosto, la misma funcionaria había calculado que entre el 26 y el 27% de los conflictos concluía antes de la judicialización). Pero, en paralelo al incremento progresivo de la efectividad de la mediación -cuyo objetivo es, justamente, descomprimir las abarrotadas unidades judiciales-, aumentaron también las liquidaciones de honorarios por casos donde la intervención del mediador no logró evitar el proceso judicial (las partes deben acreditar el fracaso de esta etapa para iniciar el juicio).
Esta situación no pasó inadvertida en Tribunales, donde letrados litigantes y magistrados pusieron el grito en el cielo ante lo que consideran una verdadera injusticia: que los letrados inscriptos en el registro de mediadores perciban una retribución compongan o no los diferendos.
Más allá de las diferencias por el diseño del régimen de honorarios (el Círculo de Mediadores Judiciales rechaza la reforma), la comisión aceptó incluir dentro de la propuesta de enmienda un tema crítico para los colegios de abogados y la Caja Previsional, como es la eliminación de la exención de pago de los bonos profesionales y el aporte previsional en los entuertos sometidos a mediación. Esto supone que, de sancionarse la ley, las entidades mencionadas no verán recortados sus ingresos por la reducción de la judicialización (la Corte Suprema de Justicia calcula que, en el futuro, el 60% de los casos serán resueltos mediante este mecanismo alternativo).
Otro cambio aplaudido es la decisión de elegir al mediador sólo por sorteo (en el presente, las partes también pueden acordar la intervención de un profesional determinado, siempre y cuando este esté inscripto en el registro que lleva el CMJ). Esa modificación procura evitar la concentración de un gran volumen de mediaciones en pocas manos, fenómeno que atenta contra la dedicación que el correcto funcionamiento del sistema espera y requiere del mediador.
Además, el proyecto con dictamen favorable de comisión excluye a la prescripción adquisitiva de la mediación (el artículo en cuestión de la Ley 7.844 ya había sido modificado en marzo de 2011 para sustraer de este mecanismo las ejecuciones de instrumentos de garantías como prendas e hipotecas).
La iniciativa será analizada hoy en la reunión de Labor Parlamentaria con vistas a su eventual incorporación al orden del día de la sesión de este viernes, la última que la Legislatura celebrará en el histórico recinto de la calle Rivadavia 25.
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