¿El Estado denunció el caso como violación?

Ningún funcionario provincial quiso ayer dar precisiones sobre el caso de la menor de 11 años que vivía en los mini hogares de General Pico y tenía colocado un DIU (dispositivo intra uterino), ni informar si había sido denunciado ante la Justicia como violación.
El delito de abuso de menores de 13 años está penado por el artículo 119 del Código Penal y los funcionarios públicos tienen la obligación de denunciar este tipo de hechos delictivos.

Nadie atendió las consultas de este diario por conocer la situación judicial de la menor y si hubo alguna presentación judicial sobre el caso. La directora general de Niñez y Adolescencia, Gabriela Manera, acusó estar ocupada desde su despacho y fue un trabajador de ese área quien indicó que no se realizarían declaraciones sobre el tema. La consulta fue derivada posteriormente a los funcionarios del Ministerio de Salud Pública, que dijeron mantener una reunión y que prometieron una respuesta más tarde, que nunca llegó.

La menor, cuya situación se conoció el 8 de agosto, tiene 12 años y se encontraba alojada en los mini hogares de General Pico por no tener familia. Luego de conocerse su situación, fue derivada a un psiquiátrico ubicado en Luján, provincia de Buenos Aires.

El caso está siendo investigado por la Justicia piquense y tuvo derivaciones insospechadas a partir de la denuncia de la responsable de los Mini Hogares cuando se presentó en fiscalía durante la Feria Judicial. La funcionaria pidió que se investigue un episodio ocurrido en el interior del establecimiento, cuando se generó una disputa verbal y física entre una celadora y una menor. Según reveló una fuente judicial, la encargada de los Mini Hogares (un lugar de contención social) manifestó en su declaración que una de las internas había generado algún tipo de desorden en la habitación y no dejaba descansar al resto de los menores. Ese hecho derivó en que una celadora intentara poner orden y en su accionar habría golpeado a la chica.

Desde aquel momento, el fiscal adjunto Oscar Blanco, inició la investigación y citó a declarar a la celadora imputada. Además, ordenó secuestrar la historia clínica de la víctima, procedimiento que se llevó a cabo en el hospital Centeno.

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