En medio de los rumores sobre un posible proyecto del oficialismo para avanzar en la estatización de los juegos de azar, La Política Online conversó con el diputado bonaerense de la Coalición Cívica Walter Martello, autor de un proyecto de ley que descansa en la Legislatura provincial y que plantea la recuperación de las licencias de explotación de bingos, casinos y máquinas tragamonedas.

¿En qué consiste el proyecto de la Coalición Cívica para estatizar el juego del azar?

Nuestro proyecto plantea que a partir del vencimiento de cada licencia que tienen los empresarios para la explotación de los juegos de azar en la Provincia de Buenos Aires y del control online, el Estado debe recuperar para sí el monopolio de esas licencias. Este año vencen varias licencias, entre ellas las del control online de las maquinas tragamonedas.

Casualmente, este año vence la licencia del control online de las máquinas tragamonedas, en manos de Boldt.

Sí. Pretendemos que se recupere y que no recaiga en una nueva licitación para que renueve Boldt -algo que parece imposible- o su competidora Tecno Action, que es nada menos que de Cristobal López. Tenemos que dejar atrás estos últimos 20 años, en los que el Estado perdió hasta el controles de este negocio. Los mismos que tienen las licencias son los que se controlan a si mismos.

En el caso de los bingos y las máquinas tragamonedas, en los próximos cinco años se vencen casi 10 licencias en la provincia. Y hasta ahora lo que hemos observado del gobierno de Scioli son extensiones por decreto, sin licitaciones, sin negociaciones del escandaloso sistema de reparto. Nuestro proyecto dice que cuando vence una licencia, debe caer nuevamente en manos estatales. Así no afectamos ningún derecho adquirido.

¿Cuales son los beneficios de estatizar este negocio?

El proyecto tiene un doble objetivo. El primero está vinculado a los recursos. En la Provincia, la recaudación bruta del juego superará los 12.500 millones en 2012. En rigor, estos números son muy difíciles de estimar, porque Boldt es controlante y licenciataria al mismo tiempo. Pero se calcula que son cerca de 2.500 millones por Quiniela, 6.000 por tragamonedas y unos 3.000 millones por casinos.

El segundo objetivo tiene que ver con la posibilidad de tratar el tema de la ludopatía con mayor atención. En una de cada tres familias hay un integrante o una persona cercana que sufre este problema de adicción al juego. No es novedoso esto que planteamos: Perón ya lo había hecho en los años 50, cuando estatizó los casinos con el mismo criterios económicos pero sobre todo de acción social y salud.

¿Mayor recaudación y menor promoción del juego no son objetivos que se contraponen?

No, porque nosotros lo que proponemos es una modificación en la ecuación de entrega de premios. En la actualidad, de cada 100 pesos que se recaudan, en teoría se pagan 85 en premios, 10 se los queda la licenciataria y 5 van para el Estado. En el proyecto se establece 50 deben ir directamente al Estado -eliminando intermediarios, y por ende aumentando la recaudación- y los otros 50 a pagar premios, un porcentaje mucho menor al que se paga en la actualidad. Bajando el nivel de pago de premios -que es la tendencia mundial- se deja de promover la idea de que apostando se gana seguro. Se pueden conseguir los dos objetivos, entonces.

Esta ley podría perjudicar a empresarios cercanos al Gobierno Nacional, como Cristobal López. ¿Imagina un acuerdo con La Cámpora para avanzar en esa dirección?

Obviamente, esto afectaría intereses de algunos empresarios afines al Ejecutivo, así que está por verse el grado de apoyo que podremos tener del oficialismo. Pero al permitir que terminen sus licencias, tampoco estamos confiscando algo o cortado algún derecho adquirido. De apoyar nuestro proyecto, e incluso extenderlo a todo el país, Cristobal López -por ejemplo- seguiría teniendo la concesión de las tragamonedas en el hipódromo de Palermo hasta 2032, como lo estableció Néstor Kirchner. Tampoco es que no tiene margen para ganar dinero. En el caso de la Provincia de Buenos Aires, las licencias que vencieron el año pasado y el anterior fueron renovadas por Scioli hasta 2023. Son dos gestiones más de gobernadores. Digamos que tienen tiempo como para obtener ganancias. Pero habrá qué ver cuál es la postura de los sectores de La Cámpora en este sentido.