La Legislatura autorizará, en una sesión convocada para mañana, que la Provincia mantenga los subsidios a cuatro empresas del rubro que operan en Tucumán. Contrataciones directas por $200 millones con el fondo soja.
Además, los legisladores analizarán un proyecto que establece la modificación de las normas que fijan los límites de las comunas rurales y municipios, a los fines de ampliar la extensión territorial de Monteros, que ocupará 1.900 hectáreas que actualmente pertenecen a la comuna de León Rougés.
El orden del día de la sesión de Cámara fue definido anoche durante una reunión de la comisión de Labor Parlamentaria, que deliberó presidida por el vicegobernador interino, Regino Amado, con la participación de representantes de todos los bloques políticos. Se estima que el tema del beneficio para los call center, que ya venían siendo subsidiados por la Provincia, será el generador de discusiones entre oficialistas y opositores en el recinto.
En concreto, el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo prevé que el Estado otorgue subsidios mensuales equivalentes al 25 por ciento de las retribuciones brutas mensuales que abonen a los empleados las firmas "Sistemas Globales SA", "Citytech SA", "Sur Contact Center SA" y "Atusa SA", que explotan servicios de call center en la provincia. La extensión del nuevo contrato con esas empresas tendrá una duración de cuatro años, con el fin de que se queden en Tucumán, donde emplean a más de 6000 personas. El límite salarial para los subsidios será de $3.100.
Contratación directa
La Cámara también aprobará la creación del plan "Más obras y más trabajo", mediante el cual se canalizarán los fondos que llegan a Tucumán por la coparticipación de las retenciones a las exportaciones de soja, en un monto aproximado de 200 millones de pesos, que serán destinados a distintos trabajos públicos en los municipios.
Es oportuno aclarar que el límite de esos recursos es flexible y variará según el volumen de ventas de la oleaginosa al exterior.
El proyecto habilita la contratación de obras a municipios en forma directa, previo cotejo de precios, o su realización por parte de la propia administración.
El hecho de que los trabajos sean encarados mediante el sistema de contratación directa y no a través de un llamado a licitación, como indica la vapuleada Ley de Administración Financiera, también promete un áspero debate en la sala de sesiones.
La iniciativa que discutirá hoy el Parlamento establece que los fondos serán canalizados a través de los fondos fiduciarios de cada municipio. Su rendición de cuentas estará regida por ese mecanismo legal y por las particularidades "que pudiera determinar el Poder Ejecutivo" para este programa. Los municipios deberán adherir expresamente al nuevo régimen de reparto de recursos, que serán no reintegrables.
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