La semana pasada un oficial de justicia, por orden del juez de ejecución, Evelio Santamarina, se presentó en el domicilio particular de uno de los tres dirigentes intimados a devolver esa suma -más otros 12.000 pesos por intereses-, para trabarle embargo de sus bienes ante la falta de pago.

La causa, que se tramita en el Juzgado de Ejecución, Concursos y Quiebras, Secretaría de Ejecución 2, fue iniciada a partir de una presentación de la Fiscalía de Estado, luego de que el 6 de diciembre de 2006 el Tribunal de Cuentas diera por no presentada la rendición del subsidio e intimara a la entidad y "solidariamente a sus autoridades" a proceder a la restitución del importe a las arcas públicas. Previamente, el 20 de mayo de 2005, el entonces subsecretario de Política Social, Sergio Ziliotto, ya había intimado por carta documento a la rendición del dinero, ya que según la resolución 925/2002 begin_of_the_skype_highlighting 925/2002 end_of_the_skype_highlighting la Comisión tenía un plazo máximo de 90 días, a partir de la fecha de cobro, para rendir "expresa y documentadamente" el subsidio ante la Dirección de Deportes, Recreación y Turismo Social.

El 28 de febrero de 2007 el TdeC intimó por carta, a través del correo privado CN Postal, a ocho dirigentes: Juan Verna, Carina Villarías, Mari Isabel Acevedo, Oscar Núñez, Stella Colla, María Mónica Martín, Miguel Angel Rodríguez y Gustavo Rodríguez. Hoy el reclamo de los 42.000 pesos alcanza solamente a los tres primeros, de acuerdo a una resolución judicial del 27 de abril del año pasado.

¿Por qué sólo a ellos tres? Porque el Tribunal de Cuentas, el 3 de agosto de 2007, al admitir los recursos de revocatoria de los dos Rodríguez y de Martín, y rechazar el de Acevedo, consideró que el presidente Verna, la secretaria Acevedo y la tesorera Villarías "son las autoridades con competencia directa del manejo de fondos". También dijo el organismo que la entrega de una fotocopia con la supuesta rendición del subsidio no puede considerarse una documentación de "carácter respaldatoria" válida.

Un detalle: en ese expediente si bien el TdeC sostuvo que "en el estrecho marco cognoscitivo de estas actuaciones, resulta que no existe oficialmente una nómina de autoridades de la Comisión de Apoyo al Albergue Provincial", Acevedo aceptó espontáneamente que era la secretaria; mientras que Martín y Gustavo Rodríguez manifestaron que desconocían cuáles eran las actividades de la institución y hasta que habían sido designados en la comisión directiva.

El fiscal de Estado, Alejandro Vanini, hace más de un año, en una medida cautelar, ya pidió el embargo del Ford Escort, modelo 1998, de Verna, y el Ford Fiesta, modelo 2000, de Acevedo. Ninguno de los vehículos registra deudas en la Dirección General de Rentas.

Esta no es la única rendición que la Fiscalía de Estado sigue reclamándole en la justicia a Verna, Acevedo y Villarías. Hay otras sentencias firmes del Tribunal de Cuentas en igual sentido. Por lo menos hay otros dos subsidios de 2000 y 2001.

Parálisis total.

Mientras ello ocurre, la causa penal que instruye la jueza Laura Armagno, está paralizada desde fines de 2008. Por eso ninguno de los imputados y sospechados ha movido un dedo para que se agilice, y en ámbitos judiciales flamean el fantasma de la prescripción. Los subsidios otorgados entre 1998 y 2003 desde Bienestar Social a cinco entidades "fantasmas" rondarían los cinco millones de pesos. Esas instituciones, que se desconoce si continúan funcionando, son la Asociación Cooperadora para el Alto Rendimiento, la Comisión de Apoyo al Albergue Provincial, la Comisión de Apoyo para el Fomento de Desarrollo y Actividades Deportivas, la Fundación Patagonia Deportiva y la Fundación Hacer Pampeano. Ellas habrían sido utilizadas como "pantallas" para triangular los dineros públicos que salieron desde el Ministerio hacia destinos inciertos.

El expediente tiene imputados a diez dirigentes deportivos, es decir que están sospechados de haber cometido algún delito. Ese grupo pertenece a tres de las entidades Albergue Provincial, Actividades Deportivas y Hacer Pampeano). La jueza no sólo que no profundizó la investigación, sino que tampoco resolvió la situación procesal de ellos y tampoco llamó a indagatoria a los dirigentes de las dos restantes. Las principales autoridades de Patagonia Deportiva eran en esa época el ministro de Bienestar Social, Santiago Alvarez, el subsecretario de Salud, Eduardo Filgueira Lima; y el director provincial de Deportes, Sergio David.