Con las nuevas quitas informadas el viernes último de subsidios eléctricos, el gas y el agua sobre edificios de alta valuación fiscal, entre los que figuran 1.862 torres con amenities (con piletas de natación climatizadas, gimnasios y espacios deportivos), sobre el alumbrado público del Gobierno porteño y las autopistas urbanas administradas por AUSA, sumado a las supresiones por aplicarse desde el 1º de enero sobre ciertas zonas de Capital Federal como Núñez, Alto Recoleta, Retiro y el corredor ribereño delimitado por la avenida del Libertador, que incluye su proyección bonaerense (Barrancas de San Isidro, Barrio Hipódromo, Béccar, Victoria, Punta Chica y Olivos) sumarán un total de 260.604 conexiones las que perderán las bonificaciones tarifarias.

Esos recortes permitirán al Tesoro nacional concretar un ahorro anual mensurado hasta ahora por el Ministerio de Planificación Federal en 4.847 millones de pesos.

Esa cifra resultará casi equivalente al 50% de la inversión de 10.200 millones que insumió entre fines de 2006 y 2011 la conclusión de la usina atómica de Atucha II, lo que revela la relevancia del ahorro resuelto en áreas de población caracterizadas por su alto poder adquisitivo y nivel de vida.

En una conferencia de prensa ofrecida en el microcine del Palacio de Hacienda por los ministros de Economía, Amado Boudou, y de Planificación, Julio De Vido, se precisó que los nuevos anuncios de supresión de subsidios comprenden un universo de 28.604 usuarios que habitan en inmuebles cuyo coeficiente de ABL supera el 1,5% de valuación fiscal.

Ambos funcionarios enfatizaron que las medidas adoptadas no responden a un ajuste fiscal sino a la necesidad de avanzar en objetivos de mayor equidad y de universalización de servicios básicos en beneficio de áreas carentes de prestaciones esenciales.

El viernes, Boudou expresó que “frente a vaticinios anticipatorios de un fracaso” económico ante la crisis mundial que padecen los países centrales, se “hace necesario no vivir en Disneyworld”.

Atento al dato de que en Capital Federal el PBI per cápita es cuatro veces superior a la media nacional y que entre 2007 y 2011 la recaudación fiscal de ABL creció 267%, “no resulta lógico que el alumbrado público capitalino se pague $10,7 millones al año”, mientras que el año próximo el Gobierno de la Ciudad, ahora sin subsidios, pasará a afrontar una erogación adicional de $64,1 millones por concepto de eliminación de subsidios.

En esa convocatoria de prensa en la que estuvieron presentes el secretario de Energía, Daniel Cameron; el titular de AySA, Carlos Humberto Ben; el gerente general de Nucleoeléctrica Argentina, José Luis Antúnez; el dirigente sindical José Luis Lingeri, y el presidente del Enargas, Antonio Pronsato, entre otras personalidades, el ministro De Vido recordó que hasta el viernes sumaron 14.900 los usuarios que hicieron expresión voluntaria de renuncia de subsidios.

Las críticas esgrimidas por cierto espectro de la prensa se hacen presentes en un año en que el Gobierno logró terminar obras energéticas de particular relevancia estratégica para el país como las líneas de alta tensión NOA-NEA y Comahue-Cuyo, que suman casi 2.000 kilómetros de longitud; la elevación del embalse de Yacyretá a su cota de diseño original de 83 metros sobre el nivel del mar, y la usina de Atucha II, cuya construcción se paralizó entre 1993 y 2006.

Cartas documento a los que no respondan

Para tener constancia firme de que se renunció a los subsidios tarifarios, todos aquellos clientes del servicio eléctrico, la distribución de gas y el agua que no hagan expresión de su renuncia a esos beneficios recibirán en sus domicilios una carta documento en la que que se les requerirá explicitar su decisión. A través de ese procedimiento las autoridades tendrán expresa constancia de que la no respuesta puede interpretarse como una declinación a continuar amparados en esos beneficios tarifarios que hasta ahora afrontó el Estado. En las boletas de Edenor y Edesur por emitirse el próximo bimestre figurarán los montos que para consumos similares abona un cliente de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), de la santafecina estatal EPE, de la administración estatal uruguaya de Montevideo y de la compañía privada que explota las redes eléctricas de Santiago de Chile. En el caso de EPEC y EPE los valores promedio facturados son un 120% más onerosos a que pagan los clientes de Edenor y Edesur pero En Uruguay y Chile la energía cuesta entre entre un 300 y 400% más cara. Ese dato irá a modo de consuelo de que en el AMBA se pagan las tarifas más bajas.