L.a ambición de concentrar poder del kirchnerismo no tiene fin. Ayer el ministro de Planificación Julio De Vido resolvió dejar sin efecto una licitación de frecuencias destinadas a servicios de comunicaciones personales y radiocomunicaciones 3G, y determinó que sea la empresa estatal Arsat la que las explote.

El funcionario señaló que la medida fue adoptada “porque cuatro de los cinco oferentes no garantizaban la solvencia financiera necesaria para llevar adelante las inversiones requeridas, en tanto que el quinto, la empresa AMX, del grupo Claro, podría quedar, en caso de otorgársele la frecuencia, en una situación dominante en el mercado”. Acto seguido, agregó: “Y los argentinos estamos hartos de los monopolios”.

De esta forma, el Gobierno se mete de lleno en el negocio de la telefonía celular, haciendo gala de un intento de desmonopolizar y controlar el mercado.

Sin embargo, es difícil esperar que se cumplan dichos objetivos sabiendo que el propio kirchnerismo permitió que empresas transnacionales monopolizaran el mercado, dándoles la posibilidad de brindar el servicio más caro del mundo al mismo tiempo en que está entre los más deficientes y produce la mayor cantidad de quejas de los usuarios. Durante los gobiernos del matrimonio Kirchner, la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) brilló por su ausencia en el control de estas compañías.

Caro y pésimo

“Son las tarifas más caras del mundo. Eso surge de una comparación que llevó a cabo un grupo de especialistas y técnicos en telecomunicaciones en 62 países del mundo, en la que están desde países América Latina, hasta Estados Unidos y Canadá, y además países europeos como Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, entre otros; estados asiáticos entre los que están Japón y Korea. Mirando esa cantidad de países, la Argentina tiene las tarifas más altas de todos”, señaló a Hoy Héctor Polino, presidente de Consumidores Libres.

Por otra parte, Polino remarcó la abismal distancia entre el precio y a la calidad del servicio: “Baten el récord en cuanto a la cantidad de quejas de los usuarios. Por mal funcionamiento, por cambios de los planes anunciados,

facturaciones incorrectas, dificultades para dar de baja un determinado plan, entre otras”. En el marco de grandes niveles de rentabilidad que poseen las empresas del sector, la calidad de la prestación nunca se modificó y tiende a empeorar con el paso del tiempo.

El colapso de las líneas, el aumento indiscriminado de tarifas y los problemas en la facturación se han vuelto una característica irreversible del servicio, ya que el Estado nacional no tiene incidencia alguna sobre el hacer y deshacer de las compañías.

“De la peor manera posible se las está controlando. No hay ningún tipo de control a estas empresas. Basta ver el informe de la Auditoría General de la Nación para comprobar que es lapidario en cuanto a que la Comisión Nacional de Comunicaciones no efectúa ningún control a las empresas de telefonía celular”, señaló el titular de Consumidores Libres.

Arsat: otro nicho de La Cámpora

La Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (Arsat), con la que el Estado nacional se prepara para ingresar en el campo de la telefonía celular, fue creada en abril de 2006.

Antes de ingresar a la telefonía celular, la compañía estatal recibió subsidios por 4.878,3 millones de pesos desde 2010. El presidente de Arsat es Néstor Tognetti, a quien secunda el vicepresidente Guillermo Rus.

Rus, reemplazante de Fabio Fabiani, tiene sólidos vínculos con el diputado Andrés “Cuervo” Larroque (miembro de La Cámpora) y asumió la vicepresidencia en enero de este año, en lo que fue el desembarco de la agrupación kirchnerista en la empresa.

Arsat está sospechada por una supuesta sobrefacturación en las exorbitantes cifras que paga por el alquiler del Satélite AMC6, del magnate mexicano Carlos Slim, que tiene buenas relaciones con el Gobierno ya que Fernando Abal Medina, el padre del actual jefe de Gabinete, es su mano derecha.

Un monopolio que creció bajo el amparo de De Vido

Héctor Polino, de Consumidores Libres, explicó a Hoy que “en la actualidad existen alrededor de 58 mi llones de líneas de telefonía celular, concentrados en cuatro empresas. Tres de ellas dominan el 98% del mercado: Personal, Movistar y Claro. La cuarta: Nextel, que sólo tiene el 2%. Pero en realidad, de las primeras tres, se trata en realidad de dos empresas, porque Movistar y Personal pertenecen al mismo grupo empresario, ya que hubo una fusión de los paquetes accionarios en Europa. En realidad hay dos grandes operadores”.

En la misma línea, el diputado Nacional Carlos Comi (Coalición Cívica-ARI) afirmó ayer que “es un gran paso adelante que el ministro De Vido se entere que la fusión que ellos mismos hicieron entre Telecom y Telefónica es un monopolio”.

Cuando en 2010 Movistar (Telefónica) y Personal (Telecom) fusionaron paquetes accionarios, el Gobierno no implementó ningún tipo de medidas. Varios años antes también había permitido la unión entre Unifón y Movicom, que dio origen a Movistar, ocupando en aquel momento un porcentaje mucho mayor a sus competidoras de las frecuencias disponibles.

Es decir, al amparo del Ministerio de Planificación conducido por Julio de Vido, dos grandes compañías acaparan todo el mercado, haciendo que compitan ente sí, pero en realidad se trata casi de los mismos planes y con tarifas exorbitantes.

El oficialismo se opone a declarar como “servicio público” a los celulares

“Hace falta una ley que establezca un marco regulatorio de la actividad que consagre la telefonía celular como un servicio público, como es la telefonía fija, que establezca el mecanismo de las audiencias públicas cada vez que las empresas resuelven modificar los cuadros tarifarios. Y que además por ley se establezca la portabilidad numérica, que hoy existe pero por un decreto”, destacó Héctor Polino, de Consumidores Libres.

En el mismo sentido, el diputado nacional Carlos Comi, miembro de la Comisión del Consumidor, del Usuario y de la Competencia de la Cámara baja destacó que “para enfrentar prácticas monopólicas hay que declarar a la telefonía celular servicio público, que es una propuesta que presenté hace años y el oficialismo se niega a tratar”.

Para el legislador, “ya es hora de que las compañías telefónicas sean obligadas a prestar un mejor servicio y de que el consumidor tenga más herramientas para su defensa”.

Comi reclamó que el oficialismo dé tratamiento a su proyecto presentado en la Cámara de Diputados, porque “si no hay regulación, la posibilidad de establecer sanciones generalmente queda trabada en la Justicia, entonces la salida es un marco regulatorio claro, el establecimiento de la categoría de servicio público para la telefonía celular e internet y así delimitar las obligaciones y los derechos de los usuarios y las compañías, porque hoy las empresas hacen lo que quieren y nunca pasa nada”.