“Esto ya que a pesar del tiempo transcurrido y siendo que desde junio cuando empezaron las medidas de fuerza, la Provincia del Chaco se encuentra sin servicio de Justicia y terminará el año de la misma manera ya que luego de compases de espera, negociaciones y voluntad de diálogo que siempre demostró este Gremio, no hay ningún tipo de intención del Estado Provincial de actualizar los salarios de los Trabajadores Judiciales tal lo dictamina la Sentencia Nº 22, del Caso Muller”.

“Esta sentencia se encuentra firme e inapelable desde el mes abril del año en curso y sin dudarlo es retroactiva al año 1991 y erga omnes (para todos). No solamente anuló el acuerdo 858/91 sino que expresamente ordena el dictado de un nuevo acto jurídico conforme lo expuesto en los considerandos, para los que no entienden o no quieren entender es volver al año 91, fijar el porcentaje del sueldo que cobraban los jueces (113 %) para determinar la retribución del resto del personal acorde a la categoría que revisten”.

“Es por culpa de este acuerdo 858/91 que los judiciales del Chaco somos los peores pagos del país ya que nuestra base de cálculo salarial fue la mitad de lo que siempre debió haber sido desde el año 1991, a esto hay que sumarle la incapacidad intelectual y/o la omisión de algunos pseudo dirigentes que hasta hoy pretenden arreglar los sueldos con montos en negro fijos que achatan toda la estructura salarial e inequívocamente atentan contra nuestra ley de porcentualidad”, señalaron.

“Asimismo, tal como dice la sentencia, el Estado blanqueó la suma de $ 2900 con una base de cálculo de sueldo de Juez del STJ de $ 6020 (48%) por lo que el gobernador nunca cumplió con sus promesas pre-electorales de pagar el 113 % a los trabajadores judiciales, cuando en esa época otorgó un aumento del 50 % al resto de la administración pública. Debemos resaltar que uno de los firmantes del acuerdo y responsable del endeudamiento del Estado curiosamente fue el Dr. Guillermo E. Mendoza suegro del actual gobernador de nuestra provincia”.