a tasación que Martínez hizo del campo es de 312 millones de dólares. “Ese no es el valor, para nada”, sostuvo Núñez, y dijo que “a nivel de martilleros no hubo (antes) una regulación tan elevada”. La estancia, de 250.000 hectáreas, era patrimonio de Roseo, quien fue asesinado en Castelli en enero de este año como parte de una aparente maniobra dirigida a despojarlo de esos campos.

Gran sorpresa

Núñez, en declaraciones a FM Universidad, dijo que cuando leyó la resolución de Dakoff “sentimos un impacto muy fuerte. La Fidelidad, tal cual está planteada hoy la realidad en esta parte de la Argentina, es un factor de atención de múltiples sectores, porque hay voluntades de despedazarla, de dividirla, de explotar sus recursos naturales, para venderla parcialmente o en su totalidad como esa estancia tan paradigmática”.

“Esto fue una versión increíble primero y que luego se confirmó”, dijo, y comentó que distribuyó la información entre organizaciones ambientalistas locales y nacionales, algunas de ellas con conexiones internacionales, y refirió que en todas ellas “la reacción fue instantánea: esto es un escándalo, y ahora hay que ver cómo se maneja la situación”.

Diversas entidades ecologistas vienen bregando porque la estancia de Roseo se convierta en una gran reserva natural. “Lo que percibí en las respuestas de los representantes ambientalistas es que esto pone en tela de juicio al sistema judicial del Chaco”, indicó.

Núñez dijo que para evitar que el crédito asignado al martillero se consolide como tal, el representante legal de los herederos de Roseo debería apelar la cuestión “y habrá que poner en la mira el desempeño del juez Dakoff como juez de la causa del sucesorio”, planteó.

Causa penal estancada

Mientras las acciones para quedarse con el patrimonio de Roseo van a gran velocidad, la causa penal para determinar quiénes lo asesinaron está prácticamente paralizada. Núñez dijo que en Castelli circula la información de que algunos sectores empresarios quieren autorización para explotar el monte, sobre todo los algarrobales ubicados en proximidades del río Bermejito, como un modo de seguir expoliando a La Fidelidad.

Ante ese riesgo, el Centro Mandela se constituyó en la Dirección de Bosques y se constató que no ingresaron pedidos de permiso para explotación en la estancia, pero dijo que pese a ello “están sacando madera clandestinamente, tanto en el Chaco como en mayor medida en la zona de Formosa. Por eso vamos a ir a Formosa para reunirnos con un grupo muy amplio, social y político, para que se sumen a la idea de convertir a La Fidelidad en una reserva”.

El predio que perteneció a Roseo tiene 150.000 hectáreas en el Chaco y otras 100.000 en Formosa. “Tenemos una enorme pena y una gran preocupación por lo que está pasando”, insistió.

Nuñez dijo que la apertura del sucesorio de Roseo en Sáenz Peña (donde se habría demostrado que un niño y una joven son hijos del terrateniente y tienen derechos plenos a heredarlo) “desató una carrera de ambiciones desenfrenadas. Eso es un dato objetivo. La causa penal en cambio viene muy demorada y muy lenta”.

A esto sumó que la investigación del crimen “debe ser ampliada en su visión, para establecer la totalidad del conjunto de personas que instigaron, planearon y ejecutaron el asesinato de dos personas, con un alto objetivo económico”.

“Hoy, el Superior Tribunal de Justicia, respetando al juez natural que es Dakoff, en uso de sus facultades de superintendencia, debería inspeccionar ese juzgado, y analizar qué está pasando allí, con epicentro en esta causa. Hay que poner las cosas en su lugar, pero también mucho compete al abogado de los chicos, el doctor Del Corro, para que plantee la anulación de la regulación de honorarios o los apele, porque en definitiva aún apelando el martillero puede plantear un embargo preventivo e ir por una parte de La Fidelidad”, señaló.

Sobre la labor de la fiscal penal Rosalía Niz, de Castelli, consideró que “le faltó más apoyo institucional interpoderes, y habría profundizado más (la investigación) en ese caso