El historiador italiano y profesor de la Universidad de Bologna, Loris Zanatta, escribió que uno de los problemas que acucia al peronismo –por ende a la Argentina—es la incapacidad crónica para transformar su pasado en historia. Refirió a postulados y simbologías que el hoy partido de gobierno acostumbra a repetir con cierta automaticidad. Sin reparar en el contexto externo ni el paso vertiginoso y transformador del tiempo.

Aquella aseveración de Zanatta tiene el riesgo de aplicarse, a lo mejor, a la coyuntura. A un espacio del calendario concreto y acotado. Alberto Fernández parece asomarse a la repetición de conflictos que marcaron a fuego la época de Cristina Fernández. Lo obligaron en el 2009 a alejarse del poder y representaron el combustible bautismal de la grieta que tiene de protagonista a la sociedad. La misma grieta que, al asumir, Alberto blandió como uno de sus primeros objetivos a enterrar para intentar reconciliar el colectivo.

En la primera línea de la escena está de nuevo una potencial confrontación con el campo. Depende mucho de los anuncios que el Presidente haga en el Congreso sobre las retenciones. Y de una intrincada negociación en marcha. Regresó además la sospecha sobre la pretendida injerencia del kirchnerismo en el Poder Judicial. Un plan similar, tal vez, al que Cristina promovió en su segundo mandato bajo la máscara de la democratización de la Justicia.

Ambos problemas esconden una particularidad. Han sido engendrados por diferentes razones desde el propio oficialismo. La necesidad de pensar en nuevas retenciones responde a una razón. En el primer mes del año el gasto público primario creció 50% . Diez puntos más que los ingresos. El Gobierno lo explica por la aplicación de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, sancionada con anuencia opositora, para atender las urgencias sociales heredadas de la gestión de Mauricio Macri. Pero aquel desfase creciente entre egresos e ingresos no resulta indiferente en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En el medio está la posibilidad de ordenar o no el elevado endeudamiento. Crucial para salir del pantano.

El otro dilema tiene relación con el ajuste en las jubilaciones y la suspensión de los sistemas de movilidad. El Gobierno avanzó con el achatamiento de la pirámide jubilatoria sin reparar, en principio, en los regímenes especiales. La oposición se encargó de mojarle la oreja por tal omisión. Recién luego del desafío el Poder Ejecutivo envió un proyecto al Congreso para morigerar los ingresos del personal judicial y de los diplomáticos. Excluyó a otros 48 sistemas de excepción. La Argentina pobre es siempre campo fértil para los privilegios.

Esta vieja película que con desesperanza vuelve a proyectarse en el país demuestra la chatura de recursos e imaginación de la clase gobernante. No hay condiciones fácticas –entre otros motivos, porque se trata de una administración que no cumplió aún tres meses de poder—para que la fricción con el campo reedite aquel estallido del 2008. Pero se volvería a apuntar al sector productivo más eficiente y moderno que exhibe la Argentina. En un contexto internacional que significa la contracara de aquel de la década anterior. Los precios de las materias primas están deprimidos. Existe la amenaza de una pandemia (el coronavirus) que jaquea a las principales economías mundiales. China, por ejemplo, donde alumbró la enfermedad.

La cuestión con el Poder Judicial posee sus propios pliegues. Porque el Gobierno no ofrece ninguna garantía acerca de que detrás del cambio del régimen en las jubilaciones no oculte la intención de provocar un verdadero vaciamiento de magistrados para reemplazarlos con otros afines a sus necesidades políticas. ¿Cuáles?. Desarmar con tiempo y paciencia las innumerables causas de corrupción. O dejarlas morir. En la vidriera están, sobre todo, las que afectan a la ahora vicepresidenta y sus hijos.

Las sospechas no provienen de un antojo. El kirchnerismo forzó una sesión en Diputados para dar media sanción a los cambios en las jubilaciones judiciales. ¿Por qué tanta premura?. Necesitó disfrazar como diputado a Daniel Scioli, embajador en Brasil, para alcanzar el quórum. No vale ninguna discusión leguleya. Se trata de una cuestión de decencia y dignidad. Sería pretender demasiado.

La maniobra sembró otras dudas. ¿No supo Sergio Massa, el titular de Diputados, de las dificultades para reunir el número?. ¿Qué papel tuvo Máximo Kirchner como jefe del bloque K?. ¿Estuvo Alberto al tanto de los inconvenientes y bendijo la jugada turbia? Interrogantes que podrían estar desnudando debilidades en la coalición pero-kirchnerista.

Hay 260 jueces y funcionarios del área que iniciaron el trámite jubilatorio con el sistema de origen. Otros 235 han dejado dicho beneficio en suspenso. La oposición propuso incorporar una cláusula que les asegure a todos ellos, al margen del cambio de régimen, la permanencia en la Justicia. El kirchnerismo afirma que no hay ninguna duda sobre ello. Pero rechazó por boca de Máximo K el ingreso de aquella cláusula de compromiso escrita. ¿Para provocar eventualmente un éxodo?. ¿Para reemplazar a los jueces con un nuevo régimen de subrogancias?. Sucedió en el segundo mandato de Cristina y durante la gestión de Alejandra Gils Carbó como Procuradora General.

Tampoco se trata de un caso descolgado. En el Frente de Todos se suscita un debate interno, que demasiadas veces aflora en superficie, sobre la necesidad de echar un manto de olvido para los delitos y los presos de la década pasada. Alberto niega la existencia de presos políticos –habla de detenciones arbitrarias-- pero la semana anterior pareció verse impelido, para calmar a los talibanes con los cuales cohabita, a difundir un video en el cual denunció “graves violaciones a los derechos humanos” durante el gobierno de Macri. Hubiera resultado útil que las puntualizara.

Otras huellas marcadas atizan suspicacias. La convalidación presidencial del lawfare. La fiscalización del Poder Ejecutivo sobre los testigos protegidos. El senador peronista Guillermo Snopek solicitó mediante un proyecto la intervención del Poder Judicial en Jujuy. La provincia que gobierna el radical Gerardo Morales y posee una detenida y condenada emblemática: la ex piquetera Milagro Sala. El kirchnerismo explicó que la iniciativa nació en la soledad de Snopek. Se conoce con certeza que el senador recibió órdenes de un colega suyo, Oscar Parrilli. Detrás del mandadero está siempre la sombra de la vicepresidenta. Actúa por control remoto. Algo más: el proyecto llegó a Comisión para su tratamiento. La preside la cristinista mendocina Anabel Fernández Sagasti.

¿Podrían desvincularse cada uno de aquellos pasos?. ¿Responderían sólo a iniciativas inconexas?. Difícil creerlo. El comportamiento en la “década ganada” resultó demasiado similar. Ocurrieron las cosas que ocurrieron. La intervención al poder judicial de una provincia carece de antecedentes. En 2004 el Congreso aprobó dicho mecanismo para los tres poderes de Santiago del Estero. Representó la caída del régimen peronista de Carlos Juarez y su esposa, Nina Aragonés. Puede decirse que aquella acción mancomunada forzó a Juntos por el Cambio a asumir un perfil de oposición que, al menos todavía, no tenía previsto. El miércoles que viene la coalición realizará un acto de apoyo a Morales en Jujuy. La tensión empieza a ganar temperatura.

La complicación institucional no suena a buena noticia para Alberto. Porque las cuestiones domésticas nunca resultan inocuas cuando una nación como la Argentina afronta el recurrente ordenamiento de sus deudas con el mundo. La oposición, en ese aspecto, pareciera empeñada en cuidar un detalle. Responsabiliza por el enrarecimiento político al kirchnerismo. Exculpa por ahora al Presidente. Trasluce, de todas formas, el temor a la consolidación de un doble comando en el Gobierno.

Alberto tiene en el horizonte una complejísima gestión. La situación del Frente para Todos y el peso político objetivo del liderazgo de Cristina le demandan un gasto excesivo de energía en el mantenimiento del equilibrio interno. Apela a cualquier detalle para que aquel fantasma desaparezca y su autoridad no sufra mella. “El homenaje a mi último jefe político”, tuiteó la semana pasada para recordar los 70 años que hubiera cumplido Néstor Kirchner. Cristina pudo haber tomado nota.

Dicha tarea podría ir quizás en desmedro de su propio equipo y del esquema de poder que había imaginado. Siempre pensó en un vértice como el que él compartió con Kirchner. Pero en pocas semanas debió salir dos veces a corregir a su jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. La última por un anuncio sobre presunto aumento de tarifas para mediados de año. No existe constancia de una sola situación suya parecida, en cuatro años, con el ex presidente.

Alberto quedó también atrapado por las internas de las organizaciones de derechos humanos. Nora Cortiñas, de una línea disidente de las Madres de Plaza de Mayo, enfrentada con Estela Carlotto y Hebe Bonafini, lo acusó de negacionista por haber elogiado a la nueva camada de las Fuerzas Armadas y llamado a dar vuelta la página de la dictadura. De ningún modo implicó ignorar las atrocidades de ese tiempo. Que el Presidente siguió de cerca y siempre condenó. Tiene, en ese rubro, muchos más pergaminos que el matrimonio Kirchner.

Pero la obsesión por conservar la estabilidad del Frente de Todos lo indujo a un pedido público de perdón. Innecesario y nocivo para la autoridad que pretende afianzar