El Colegio de Abogados de la ciudad cordillerana le presentó un reclamo al Superior Tribunal de Justicia por esa causa. El conflicto que envuelve al Poder Judicial, como el que sacude a la salúd pública, hace rato que dejó de ser una pelea sectorial para transformarse en una inquietud colectiva, originada en el hecho de que hay servicios esenciales que no se prestan, o se prestan menos que a medias. Mientras tanto, todos los actores del proceso parecen indiferentes a sus obligaciones con el conjunto social.
El Gobierno, incluyendo al Gobernador y al Vice, tiene una enorme afición a llenar de palabras las cuestiones que no puede resolver y esta es una de ellas, ya que por un lado no puede desconocer su acuerdo con los jueces y, por el otro, tampoco acierta a desactivar el reclamo de los trabajadores judiciales, que demandan aunque sea una porción de la jugosa torta que se coció el día de los abrazos.
Para colmo de males, el propio Gobernador salió a denunciar que hay "falta de eficiencia" en los Tribunales, al tiempo que se quejó de que en el cuadro de los presuntos culpables de la crisis de la seguridad pública, hay "caras que no son conocidas" acusando a los jueces de no hacerse cargo de sus responsabilidades.
Buzzi, más allá de las palabras, está en una encrucijada difícil. Si le da luz verde al acuerdo con los magistrados y funcionarios, el primer efecto será incentivar la huelga de los trabajadores de la justicia.
Si no lo hace, los jueces irán con su reclamo ante la Suprema Corte y quedará roto, de modo casi definitivo, el lazo de confianza con el Poder Ejecutivo.
Mientras tanto y sin tomar en cuenta las estadísticas, los tribunales están paralizados y las quejas de quienes acuden al servicio de justicia son cada vez más numerosas, ante la falta de respuestas del sistema.

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