Los responsables del local que pretende traer a Rosario al boliche porteño Esperanto accionarán administrativa y judicialmente contra la reapertura del registro de oposición que el Concejo Municipal votó en la sesión del jueves pasado. Aunque, tanto el edil socialista Manuel Sciutto como su par radical Daniela León, aseguraron que "está dentro de las responsabilidades del cuerpo otorgar una nueva prórroga".

El abogado de los empresarios que buscan radicar el boliche, Carlos Varela, manifestó que se accionará administrativa y judicialmente contra la medida sancionada por el Palacio Vasallo. "Creemos que se han violentado los procedimientos establecidos por la ley", esgrimió el letrado.

Frente a esa posibilidad, tanto Sciutto como León cerraron filas para considerar lo votado el jueves como una decisión soberana.

"Está en las incumbencias del cuerpo deliberativo hacer una nueva prórroga. El Ejecutivo, por ordenanza, podía hacer una sola y nosotros, en este caso, entendimos que era conveniente reabrir el registro para garantizar que los vecinos puedan dar su opinión", indicó el jefe de la bancada socialista.

Incluso, Sciutto reconoció que, "por alguna anomalía, si hubo vecinos que no se pudieron expresar, es responsabilidad del cuerpo garantizarlo y, por ende, no contradice en nada la ordenanza".

A la hora de aventurar un diagnóstico sobre la posible acción judicial del boliche, Sciutto consideró: "No va a demorar en nada el expediente administrativo y, además, no creo que se pueda impedir el cumplimiento de una norma aprobada por el Concejo".

León abonó los dichos de su colega. "La ordenanza no establece plazos. Los únicos que correrían serían a partir de la viabilidad por 90 días y el expediente aún está en la fase previa", indicó.

"Es más: una vez terminado el registro, se pasa al estudio de sonido y al plan de evacuación, y recién en ese momento se otorga la viabilidad. Luego vendrá el análisis de lo que se modifique o edifique. Si la objeción es por los tiempos no es la vía correcta", afirmó la concejala.

En la reciente sesión del Palacio Vasallo, los concejales radicales Jorge Boasso y María Eugenia Schmuck, Fernanda Gigliani y Héctor Cavallero (PPS), Alberto Cortés (Proyecto Sur) y los justicialistas Diego Giuliano, Osvaldo Miatello, Norma López y Roberto Sukerman se abstuvieron de votar la reapertura del registro al entender que implicaba avalar irregularidades aún no subsanadas.