Los funcionarios de alto rango todavía no saben a quién le pedirá el gobernador que confecciones el documento.
El plazo para la presentación del informe en las oficinas de Balcarce 50 es el 29 de febrero por lo que todavía hay tiempo para diseñar los lineamientos que seguirá el mismo.
En aquella oportunidad, la presidenta tuvo un mensaje directo para los 17 gobernadores que adhirieron al programa y les pidió cumplir con el requisito para poder beneficiarse con los dos años de prórroga que propone el Ministerio de Economía con la refinanciación, que además implica un importante oxígeno financiero para las provincias que este año no tiene un pronóstico demasiado holgado para sus cuentas.
Fuentes consultadas por NUEVA RIOJA advirtieron que Beder Herrera no dio instrucciones al respecto antes de tomar la licencia que lo mantuvo lejos de los despachos de la Casa de gobierno en los últimos 15 días, y esperan que el tema se defina la semana próxima una vez que el mandatario retome las funciones oficiales.
Es de esperar que el gobernador convoque a una reunión puertas adentro de la residencia oficial para conversar con los intendentes de los pormenores del informe, como así también para entrecruzar datos con los registros que tienen las oficinas que liquidan sueldos, dependientes del Ministerio de Hacienda, que conduce Ricardo Guerra.
La redacción del documento podría recaer sobre el Ministerio de Gobierno Justicia y Derechos Humanos, a cargo desde hace dos años de Felipe Álvarez o del flamante secretario General y Legal de la Gobernación Alberto Paredes Urquiza.
Los números
Las dificultades del informe estaría en clasificar al personal de planta permanente y transitoria, como así también a los contratados y a los beneficiarios con la variada gama de programas que dependen de diferentes reparticiones.
Al fin y al cabo de eso se trata la “sintonía fina” con la que la presidenta hizo gala en el inicio de su segundo mandato. Controlar el gasto y repartir los recursos de manera que alcancen a la mayor cantidad posible de beneficiarios.
El año pasado el gobierno ya se entrenó y desempolvó los números, detrás de la aplicación de los dos aumentos generalizados de sueldos a todos los agentes de la Administración Pública Provincial y de la actualización que concedió hacia mediado de año para las asignaciones familiares y escolaridad.
Por entonces se habló de alrededor de 70 mil beneficiados con asignaciones estatales, distribuidas en salarios, becas y planes sociales, aunque en el último informe presentado por Guerra en la presentación del bono navideño no aparecieron más de 50 mil.
En esa oportunidad se discriminaron 39.218 empleados de las tres funciones del Estado, incluidos docentes, -a excepción de las autoridades superiores.
En tanto por otro lado se registraron 10.782 trabajadores incluidos en Planes de Inserción Laboral (PIL), contratados, becados, pensiones graciables, jubilados no transferidos, veteranos de guerra, pasantías y tutorías.
Reuniones
El requisito de la Nación es que se informe la situación que reviste cada empleado, como así también su categoría y a esto hay que agregarle lo que se paga en concepto de planes sociales.
En otras provincias como Catamarca, Córdoba, Mendoza, Chaco y San Juan, que también forman parte del acuerdo con la cartera que conduce el ministro Hernán Lorenzino, las reuniones entre los gobernadores y los jefes comunales ya comenzaron para afinar la punta del lápiz y para evitar inconvenientes.
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