El Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR), que funciona en la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Nación, avanza en la confección de un mapa que contendrá toda la información sobre la propiedad de la tierra en el país. Una de las provincias que debe remitir aún información al respecto es Tierra del Fuego.
Autoridades nacionales destacaron la necesidad y la importancia de que todas las jurisdicciones provinciales envíen en tiempo y forma esa información.
«Sólo entonces podremos conocer de manera fehaciente el porcentaje actual de extranjerización de la tierra y, en consecuencia, determinar si podemos seguir admitiendo nuevos propietarios extranjeros, o no», explicó el subsecretario de Coordinación y Control de Gestión Registral, Ernesto Kreplak.
El funcionario explicó que la Ley 26.737 establece limitaciones a la propiedad e incluso al aprovechamiento de las tierras no urbanas argentinas por parte de extranjeros.
Concretamente, todas las provincias deben suministrarle al RNTR los datos relativos a la superficie de tierras rurales que poseen a nivel provincial y departamental, como así también los casos de tierras que se encuentren en manos de personas físicas o jurídicas extranjeras sobre los que tengan conocimiento.
Paralelamente, el Registro realiza su propio relevamiento y, en ese marco, habilitó una cuenta de correo electrónico y una línea telefónica gratuita para que la población denuncie posibles violaciones a la Ley de Tierras: registrotierras@jus.gov.ar y 0800-777-7687.
La Ley tiene por objeto regular, en relación a las personas físicas y jurídicas extranjeras, los límites a la titularidad y posesión de tierras rurales.
El límite establecido es 15 por ciento, tanto a nivel nacional, provincial como subprovincial (municipios, comunas o departamentos, según la organización que tenga cada provincia).
«A partir de este relevamiento, el Registro otorgará los certificados de habilitación a los establecimientos que cumplan los requisitos legales y, a través de su cuerpo de inspectores, cruzará diversas fuentes de información y tomará todas las medidas tendientes a garantizar el regular cumplimiento de la norma», sostuvo el ministro Alak.
Advirtió que el organismo «accionará judicialmente (en sede civil o penal) ante maniobras tendientes a eludir las disposiciones de la ley».
No obstante su rol de contralor, el ministro destacó que el Registro «se transformará en un instrumento fundamental para la planificación y el desarrollo de políticas nacionales estratégicas porque contará con la foto completa de la situación de la tierra en el país».
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