Alrededor de las 10, y luego de la apertura de la sesión del juicio que se sigue a catorce militares sospechados de realizar espionaje ilegal contra funcionarios públicos, periodistas y militantes, el Juez Guanziroli informó que no haría lugar a las intenciones de la defensa. El viernes último, los abogados que representan a los militares habían intentado persuadir a su Señoría que su sentencia podría ser contraria o distinta al fallo que se le sigue en Capital Federal al ex Jefe de la Armada Jorge Godoy y su vicealmirante, Benito Rótolo.

Recordemos que tanto Godoy como Rótolo son juzgados en Buenos Aires con las mismas acusaciones. La pretensión de los letrados tenía que ver con que la totalidad de los militares fueran juzgados en la capital argentina, con el objetivo de dilatar aún más la causa.

“Considero que ha estado acertada la resolución del Juez, puesto que los planteos no han tenido la menor argumentación jurídica. Evidentemente, no pueden conmover lo que se ha llevado a cabo en la Instrucción Preparatoria”, aseveró el Fiscal Fernando Gelvez al referirse a la acusación. Añadió, luego, que “son piezas procesales establecidas por el Código Procesal”.

Por otro lado, el Presidente del Tribunal sancionó a uno de los abogados que, sin razón convincente, el día 5 de marzo desistió a su labor. “Al abogado De Jesús le impongo costas por el valor del 10% del sueldo de un Juez de Instrucción”.

El Fiscal también celebró esta medida aduciendo que es un caso ejemplar: “De Jesús no compareció y nunca presentó ningún escrito, por eso el Juez le aplicó una multa que establece el artículo 113 del Código Penal, comunicándole esta resolución a la Ciudad de Buenos Aires, donde está matriculado”.

De esta manera, se intenta poner orden y frenar la escandalosa renuncia que existe no sólo de los defensores sino también de secretarios y conjueces. Tal como informamos hace unos días, el Juicio a los Espías cuenta con el triste récord de once conjueces que se excusaron ante el llamamiento, y evitaron liderar la causa.

En el auditorio del Centro Cultural José Hernández, donde algunos vecinos esporádicamente se acercan para conocer el curso de la investigación, se procedió a leer las pruebas capturadas y, posteriormente, darle la posibilidad a los imputados a declarar.

La información recabada es tal que, la mención de la misma, sin detallar sobre qué dice cada una, insumió más de diez minutos de lectura. Los elementos probatorios son: varios discos duros, recortes periodísticos, disquetes, videos, certificaciones, documentaciones, actas de desintervención, cuadernos manuscritos, pericias informáticas y caligráficas, etc. A su vez, las pruebas son producto de los allanamientos producidos en Puerto Belgrano, Rio Grande, Río Gallegos, Ushuaia, Base Almirante Zar, entre otros.

Para destacar, entre los artículos periodísticos secuestrados figuran algunos los siguientes titulares: “Taller de Derechos Indígenas para Jueces de Paz”; “Recuerdan el día de los Pueblos Originarios”; “Reportaje a Estela de Carloto”; “Estela de Carloto visitó a Das Neves”.

Es decir, es bastante clara la línea investigativa que trazaban los militares, y sobre qué hechos les interesaba hacer foco. Esto es por demás preocupante y hasta peligroso, en cualquier situación, pero aún más bajo un sistema democrático, puesto que como aseguró el abogado Borda “las Fuerzas Armadas deben subordinarse a la voluntad popular, a la soberanía popular”.

El silencio de los Espías

El juez Guanziroli, una vez presentadas las pruebas, le preguntó a los acusados si deseaban tener la palabra. “Sepan que van declarar sin amenaza o coacción alguna. Pero, si deciden hacerlo, deberán responder a todas las preguntas sin consultarle a sus abogados”, les advirtió la máxima autoridad.

Tras un momento de cuchicheos y luego de una pausa “para que piensen”, el Juez comenzó a preguntarle a cada uno acerca de la decisión que habían tomado. El silencio fue unánime. Los catorce militares se llamaron al silencio y se rehusaron a hacer declaraciones.

No obstante, se procedió a leer los primeros testimonios realizados con anterioridad, que ya forman parte de los expedientes. Al ser consultados por la justicia, la mayoría de los oficiales volvió a negarse a declarar so pretexto de “develar secretos militares de los que depende la Seguridad Nacional”.

Sin embargo, el Juez les indicó que actualmente hay una resolución del Poder Federal que “han sido relevados de guardar secretos”.

Por otro lado, algunos militares, como es el caso de Omar Merlo, se excusaron con respecto a los artículos de los diarios asegurando que “carecían de interpretación y comentarios” y que servían sólo como información general. Por ejemplo, tras encontrarse el recorte “La Masacre de Trelew, 32 años después”, Merlo justificó así la posesión del mismo: “Era de mi interés saber que podía haber una manifestación en la base Almirante Zar, como sucedió el 24 de marzo del 2005”.

Por último, la mayoría negó que se realizaran tareas de contrainteligencia, incluso con algún tipo de sorna mediante. Los imputados habrían dejado entrever que la única información clasificada que circulaba por la intranet (red interna de comunicación) tenía que ver con cómo reparar el submarino.

Luego de un cuarto intermedio hasta las 16.30, se decidió continuar después del miércoles debido a las actividades artísticas agendadas en el Centro Cultural José Hernández. Si bien se preveía un juicio largo de más de treinta audiencias, algunos se animaron a predecir la fecha estimativa final. “A partir de la próxima semana vamos a sesionar todos los días, entonces podríamos terminar la primera semana de abril”, aseguró el fiscal Gelvez.