El Rey español sabía desde 2007 de los negocios de su yerno

El Rey de España se enteró en 2007 de las turbias actividades del Instituto Nóos, presidido por su yerno, Iñaki Urdangarin.
El Instituto es ahora el centro de la investigación judicial en conexión con el megaescándalo de corrupción del velódromo de Baleares, Palma Arena, en la que aparece complicado el Duque de Palma además de otras actividades en las que desvió, según el sumario judicial, millones de euros de fondos públicos a sus empresas privadas que, incluso, los redirigieron a paraísos fiscales.

Fueron los socialistas baleares y la Izquierda Unida los que plantearon preguntas sobre las actividades de Urdangarin. Un abogado, José Manuel Romero Monero –conde de Fontao y cercano al Rey– fue enviado en 2007 a Barcelona para hablar con Urdangarin y sus abogados del bufete catalán Bergós. “Su objetivo era lograr el cese de las actividades societarias del Duque de Palma, incluidas las del Instituto Noos”, señala el períodico El País que dio la información en exclusiva.

El abogado planteó al Duque de Palma “el abandono del Instituto Noos y recomendaba que buscase un trabajo fuera de España ”. La Casa del Rey informó en 2009 que Urdangarin, su esposa la Infanta Cristina y sus cuatro hijos, se trasladarían a Washington por motivos profesionales.

El Duque de Palma logró dos contratos por 2,3 millones de euros para organizar congresos sobre turismo y deporte en las islas. Lo hizo como presidente de Nóos, un instituto sin fines de lucro, que finalmente terminó desviando el dinero público conseguido del gobierno balear hacia empresas privadas con ánimo de lucro propiedad del propio Urdangarin, explicó El País .

El periódico también informa que en el sumario judicial se analizan centenares de facturas que afectan a los negocios del Duque de Palma y que prueban el desvío de fondos públicos desde el Instituto Nóos a empresas privadas propiedad de Urdangarin.

Ese desvío de fondos, según la investigación judicial, lo disimulaban con “la contratación de servicios ficticios a sus propias entidades mercantiles o presumiblemente facturados por importe superior al servicio realmente prestado”, explicó el diario español.

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