En pleno asentamiento, una secuencia de fotografías captadas por la Policía de la Provincia da cuenta de un espacio reservado por la Municipalidad de Corrientes y que llamativamente no fue usurpado, lo que podría vincular a la Comuna con las personas que instigaron a la toma de los terrenos privados en el barrio Pirayuí.

Por otro lado, el Gobierno municipal desapareció de la escena en este conflicto pese a que dos ordenanzas lo obligan a tomar cartas en el asunto. La gestión del intendente Camau Espínola tiene la facultad de exigirles a los propietarios de terrenos que mantengan limpios esos lotes. También, está obligada a hacer cumplir otra norma que impide la ubicación de campamentos, en este caso con carpas o chapas, en lugares no habilitados para ello.

Manuscrito, el cartel señala que un espacio será destinado para la supuesta construcción de un polideportivo, una plaza y un comedor comunitario. El lugar, llamativamente, no fue usurpado.

Las dimensiones de ese espacio están delimitadas, pero en ese lugar ninguna familia decidió tomarla para uso propio. El predio sería parte de uno de los reclamados por la empresa Guaraní en su denuncia penal por usurpación, según pudo saber este diario.

Las fotografías fueron tomadas en el terreno ubicado en el barrio Pirayuí, frente al grupo habitacional de las 50 Viviendas. El cartel está dispuesto en un espacio de 50 x 60 metros, y su perímetro está delimitado con estacas de madera e hilo plástico.

El logo de la Municipalidad le da formalidad a la leyenda “Espacio Reservado”. Según informaron fuentes oficiales a La República, en este lugar que reservó la Municipalidad no existen personas asentadas.

Sin embargo, en la denuncia penal que presentó la empresa Guaraní S.A. ante la comisaría 14ª, ese predio sería también de su propiedad y formaría parte de uno de los tantos terrenos reclamados por la firma.

Vecinos de la zona indicaron que el cartel fue colocado hace varios meses, por lo que infieren que la Municipalidad se encontraba en conocimiento del loteo y que ese sector quedaba libre. Para uno de los habitantes del barrio, la imagen revela que el Municipio “no está ajeno al conflicto” o, al menos, “sabía lo que hacía y por lo tanto no sería descabellado pensar que esto fue planificado desde hace tiempo”.

Vecinos contra Camau

Los vecinos del barrio 550 Viviendas, que realizaron ayer un nuevo corte de tránsito en la ruta nacional Nº 12, acusaron al intendente de la Capital, Camau Espínola, de vincularse con los okupas de los terrenos en el barrio Pirayuí.

“Las 550 Viviendas no pertenecen al Municipio y los okupas sí, Camau”, señalaba un cartel que los vecinos portaban mientras hacían el piquete contra los que usurpan.

La protesta, que comenzó alrededor de las 16.30, se efectuó para reiterar el pedido por el desalojo inmediato.

El primer corte en reclamo de seguridad lo habían realizado el martes, horas después de la usurpación masiva de terrenos en la zona. +

En esa ocasión, fijaron un plazo de 24 horas para el desalojo.

Ayer, tras cuatro días de insistir en el pedido, los vecinos volvieron a la ruta.

Dijeron que están sitiados y no descartaron la posibilidad de desalojar el lugar por sus propios medios.

Varios sectores apuntan al “factor

político” en la usurpación masiva

La ocupación ilegal de terrenos en el barrio Pirayuí motivó la opinión de diversos referentes políticos e institucionales. El concejal Gabriel Romero (FAP) consideró que “es evidente el fogoneo y aval de un sector político”. Su par, José Rámirez Alegre (UCR), advirtió que el movimiento “no fue espontáneo y tiene un móvil político”. En tanto, el coordinador de Políticas Sociales de la Provincia, Norberto Ast, consideró que hay una estrategia previamente planificada y todos pusieron énfasis en el “silencio municipal” en torno del conflicto.

Romero advirtió el “fogoneo y aval” de un determinado sector político para la irrupción masiva de vecinos sobre ese sector de la ciudad. Y en ese sentido, en radio Continental expresó que el oficialismo municipal “debería estar abocado al tema, poniendo la cara y planteando ideas, preocupado y ocupado del tema”.

Para el concejal, “es llamativo” que el intendente Carlos Espínola, o sus funcionarios abocados al planeamiento de la ciudad, no tengan una opinión y eviten hablar del problema. “Quien gobierna el municipio debería salir a la palestra pública para decir algo sobre lo que está aconteciendo con casi 3.000 personas que están viviendo a la intemperie”, apuntó.

Por su parte, Ramírez Alegre no dudó en considerar que el conflicto está ligado a un móvil político. “Hay que saber quién es el responsable de que estas 400 familias estén en ese lugar”, afirmó en La revista AM y dijo además que recibieron la información por parte de los vecinos, de que “camionetas de la municipalidad habrían llevado insumos y abrigos al predio”.

Como dato objetivo, señaló que el municipio habilitó a ocho familias para que ocupen un predio determinado en virtud de una resolución del intendente.

En tanto, Ast aseguró que los hechos están “absolutamente planificados”, porque la movilización de más de 400 familias no podría ser espontánea. Si bien reconoce el déficit habitacional, el apoyo logístico que recibirían algunos usurpadores llamó la atención del funcionario.

En consonancia con Romero, expresó también su sorpresa por el hecho de que “el Municipio de la ciudad de Corrientes no está manifestando absolutamente nada”. Ast no señaló responsabilidades, pero dijo que es innegable la existencia de una organización detrás del asentamiento.