Para ello, las nuevas normativas se ajustan a los requisitos solicitados por la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo que se encarga de la prevención del lavado de dinero. “Queremos iniciativas genuinas en la ciudad de Rosario. Por eso, estas modificaciones realizan un salto cualitativo en ese sentido”, expresó la concejala Daniela León, co-autora del proyecto junto a la edila María Eugenia Schmuck.

Por otra parte, también se derogó el artículo que establecía un tope de 20 años para el usufructo del espacio público, a pesar de que la normativa insiste en que no pueden realizarse por tiempo indeterminado. “La limitación puede ir en contra del proyecto porque quizás se necesite un mayor tiempo para recuperar la inversión. Por eso, el Concejo será el encargado de analizar cada cosa en particular, sin topes arbitrarias establecidos a priori”, subrayó León.

Entre los nuevos requerimientos, las empresas que deseen explotar espacios públicos deberán presentar ecuación económica-financiera, financiamiento previsto que contemple los requisitos establecidos por la UIF, tiempo de implementación, curva de inversión, balances certificados por Contador Público y, en caso de presentarse como una UTE, deberán acompañarla con la carta de intención de constitución.

“En virtud de la evolución de la economía y la experiencia adquirida en estos últimos años, es imprescindible adaptar el marco jurídico a las nuevas necesidades y alternativas con las que contamos”, finalizó León.