El Parlamento español sancionó ayer de manera definitiva el programa de reforma del sistema de pensiones y jubilaciones, en lo que configura uno de los más duros golpes a las políticas de bienestar impulsadas por los gobiernos democráticos tras la salida de la larga dictadura del general Francisco Franco (1939-1975). La medida, impulsada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el marco del plan de ajuste impuesto por las autoridades económicas de la Unión Europea (UE), eleva la edad de la jubilación de 65 a 67 años y fue votada después de más de seis meses de negociaciones y con los votos en contra de la mayoría de los partidos políticos.

La edad del retiro irá retrasándose gradualmente a partir del año 2013 y en un plazo de 15 años. Según los planes del gobierno, las personas nacidas después de 1960 ya no podrán retirarse antes de los 67 años, aunque podrán hacerlo a los 65 siempre y cuando tengan un historial laboral comprobado de por lo menos 38 años y medio. La reforma del régimen de pensiones, que en los últimos meses había desatado una ola de rechazos en distintos sectores de la sociedad española, había sido pactada a principios de año por el gobierno con los sindicatos y las organizaciones empresariales.

La nueva ley fue aprobada sólo con los votos de los legisladores del gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y los del partido nacionalista catalán Convergencia i Unió (CiU). Los demás bloques parlamentarios, con el del derechista Partido Popular (PP) a la cabeza le negaron su apoyo al plan presentado por Rodríguez Zapatero. Adujeron que “es absolutamente injusto porque constituye un recorte en los derechos de los trabajadores”. Sin embargo, “es el mismo programa que la derecha europea aliada del PP está aplicando en otros países y sería el que ellos propondrían a la sociedad de estar en el gobierno”, dijo un vocero del PSOE.

Durante el debate, el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, rechazó la idea dominante de que la elevación de la edad de la jubilación pueda ser tomada como un recorte social y, a manera de descargo, aseguró que las reformas aplicadas por otros países, como Alemania, Francia o Dinamarca, tienen mayores exigencias en la cantidad de años y los montos de cotización para cobrar las pensiones. Según Gómez, en el año 2050 España tendrá 18 millones de pensionistas, “por lo que no tomar medidas desde ya podría significar el fin del sistema de protección social en el país”.

Entre otras novedades, la reforma reconoce un período de hasta cinco años de aportes a los padres –a las madres en caso de desacuerdo– que hayan interrumpido su carrera laboral para dedicarse al cuidado de los hijos, así como la integración de las empleadas del hogar al régimen general de la seguridad social a partir del 1 de enero de 2012. Además, obliga a que las empresas que tengan más de 500 trabajadores y hayan iniciado desde el 27 de abril pasado un “expediente de regulación de empleo”, deberán asumir el pago del subsidio por desempleo a todas las personas que hayan despedido