El fin de la atención médica gratuita para los inmigrantes sin papeles en España generó protestas en todo el país. En Madrid, unas quinientas personas realizaron un abrazo simbólico al hospital público Gregorio Marañón en reclamo de "sanidad para todos", mientras que la denuncia de un "apartheid sanitario" se hizo oír también en Valencia, Burgos, Lanzarote y Las Palmas de Gran Canaria. Un grupo de argentinos solicitó una reunión con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la que quieren pedirle la solidaridad de su gobierno con los compatriotas "imposibilitados de regresar (a nuestro país) por falta de recursos".

"Ningún ser humano es ilegal", expresaban los carteles que llevaban algunos de los manifestantes convocados por la Red por el Derecho a Tener Derecho, una organización que aglutina a una treintena de colectivos de la sociedad civil compuestos, en su mayoría, por inmigrantes y refugiados. Sus gritos eran todavía más crudos: "no son recortes, son ejecuciones".

El motivo de la convocatoria fue la entrada en vigor de un nuevo plan de ajuste del gobierno de Mariano Rajoy que restringe el acceso a la medicina gratuita a los extranjeros sin residencia legal en España, que desde ayer deberán pagar si quieren seguir siendo atendidos en los hospitales públicos. Sólo mantendrán el beneficio los menores de edad y las embarazadas. El principal argumento en el que se amparó esta reforma fue la necesidad de recortar los gastos del Estado. Según el Tribunal de Cuentas, que fiscaliza el gasto público, España pagó una factura de 1300 millones de dólares el año pasado en atención sanitaria a extranjeros no residentes en el país. En España viven unos 5,7 millones de inmigrantes, el 12% de su población. Aunque no hay cifras oficiales, se calcula que al menos 150 mil de ellos reside de manera ilegal. «