Aunque el plan de ahorro del gobierno español fue calificado como suficiente por la Comisión Europea, ahora le piden “medidas adicionales” para 2011
A pesar de que el plan de ahorro para 2010 adoptado por España fue considerado “valiente y suficiente” por parte de Bruselas, para 2011 la Comisión Europea (CE) pidió nuevos ajustes, según un despacho de la agencia de noticias DPA.
España debería llevar a cabo ese esfuerzo adicional “mediante medidas (...) orientadas a respetar los nuevos límites máximos de gastos, así como mediante nuevas medidas que ascienden a un 0,75% del PBI, que deberán concretarse en el contexto del presupuesto para 2011, en particular a nivel regional”, dice el texto.
El gobierno español se propone rebajar el déficit un 0,5% adicional este año y un 1% en 2011 para cumplir, en 2013, con los criterios del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC).
Entre las medidas para lograr el ahorro figura el recorte del 5% del sueldo de los funcionarios y el congelamiento de las jubilaciones (a excepción de la mínimas), medidas que ya han provocado protestas populares y que son el principal motivo de una huelga general convocada por los sindicatos para septiembre próximo.
Es precisamente por causa de las rebajas salariales anunciadas por el gobierno que los empleados del subte aprobaron continuar la huelga que ha causado caos y enormes atascamientos de tránsito en Madrid.
La asamblea de trabajadores de Metro de Madrid, una compañía pública, tomó la decisión de realizar paralizaciones el miércoles y el viernes de esta semana, aunque cumplirán con los servicios mínimos garantizados por ley.
“No nos dejan negociar nada quieren (reducir) el 1,5% de nuestros salarios de nuestro convenio colectivo”, dijo un representante sindical en una cita recogida por la emisora española RNE.
En su última huelga, los empleados del transporte suburbano fueron acusados de llevar a cabo una protesta ilegal por no cumplir con los servicios mínimos que establece la ley.
Los sindicatos que convocaron a la huelga, CCOO y UGT, los mayores de España, protestan contra la Comunidad de Madrid, que quiere extender a las empresas públicas el recorte de sueldo aprobado por el gobierno central para funcionarios públicos.
Los 7.000 trabajadores del Metro de Madrid consideran que la medida es ilegal, puesto que tienen un convenio colectivo.
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