MADRID.- El gobierno español volvió a culpar a la Argentina de trabar las negociaciones entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur debido al clima de "inseguridad jurídica" generado en el país después de la expropiación de YPF. Y exigió, junto con Repsol, el pago de un "precio justo" por el total de las acciones estatizadas, que la multinacional de origen español ratificó en 10.500 millones de dólares.

Antes de la aprobación en Diputados del proyecto de nacionalización de la petrolera, el canciller español, José Manuel García Margallo, dijo estar "convencido" de que la UE "no va a avanzar" en sus negociaciones con el Mercosur a raíz del golpe asestado por la Argentina a Repsol.

Según el ministro de Mariano Rajoy, para poder "cerrar un acuerdo político y de libre comercio" entre los dos bloques continentales es necesario "que se respeten el derecho a la propiedad, la libertad de empresa y la negociación en términos de igualdad". Y la Argentina, luego de haber tomado YPF sin pactar previamente el pago correspondiente por los títulos de Repsol, no cumpliría estos requisitos para España.

El gobierno de Rajoy apuesta a convencer a Brasil de comenzar a hacer acuerdos con la UE, sin necesidad de consultar a la Argentina.

Sin embargo, García Margallo afirmó que aún existe una salida posible del conflicto. Y esta solución se conseguiría si la Casa Rosada se comprometiera a pagar a Repsol el precio determinado "por una empresa independiente" de las acciones expropiadas. "Esa sería una salida perfectamente aceptable", dijo.

Además, y por primera vez, se mostró tolerante con las causas que llevaron a la Argentina a expropiar YPF, y a Bolivia, la compañía Transportadora de Electricidad (TDE). Sin embargo, dejó en claro las diferencias entre ambos casos.

"Respetamos que en el uso de esa soberanía energética se nacionalicen las empresas del sector, lo que sí pedimos es que si se produce, se produzca un «justiprecio», y se compensen las inversiones que se han realizado", dijo, en alusión a la promesa realizada el miércoles por el presidente boliviano, Evo Morales, con relación a pagar el precio establecido por una auditoría independiente.

En ese sentido, la subdirectora de relaciones con inversores institucionales y analistas de Repsol, Victoria Velázquez, afirmó que el precio que debería pagar el gobierno argentino es de 46,55 dólares por acción, lo que totaliza 10.500 millones de dólares.

El criterio empleado por la compañía para calcular esa cifra se basa en la ley de privatización y estatutos de YPF. El monto se obtiene, según la ejecutiva de Repsol, de la multiplicación del ratio por acción más alto de los últimos dos años por el beneficio por acción más alto de ese mismo período. Velázquez desestimó versiones que indicaban que Repsol planeara interrumpir el suministro de gas a la Argentina desde el yacimiento operado por la empresa en Bolivia..