Mientras el gobierno conservador de España guardaba un prudente silencio tras el anuncio, y su embajador en La Paz se quejaba por la “inseguridad jurídica”, la atomizada oposición interna penduló entre sumarse al discurso hispano y sus críticas reacciones automáticas a todo lo que provenga del gobierno de Evo Morales.
Sin explicar por qué, tanto Efe como dpa señalaron que el gobierno español entiende que este es un caso diferente al de YPF, pero dpa dijo que sus fuentes “subrayaron el compromiso firme de Rajoy con la defensa de los intereses de las empresas españolas en el exterior”.
A todo esto, el embajador español en Bolivia, Ramón Santos, dijo que el anuncio “fue una sorpresa que no le ha gustado” al gobierno de Madrid. Y lo entendió como “una señal muy negativa desde el punto de vista de la inversión, tanto nacional como extranjera” y, sin que nadie le haya advertido sobre el silencio de radio de Rajoy, aventuró que “mi gobierno ha emitido ya un comunicado en el que dice que está analizando la situación para ver cómo evoluciona el caso”.
El diplomático opinó que “es necesario aclarar cuanto antes el panorama jurídico inversor en Bolivia. Es por eso que llevamos tiempo subrayando la necesidad de una ley de inversiones extranjeras (...) para que las empresas sepan en qué sectores pueden invertir o deben moverse”.

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